El consejero delegado de Endesa planta al alcalde de Andorra y tensa la relación con el Ayuntamiento

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, dio plantón al alcalde de Andorra, Antonio Amador, en la reunión que el regidor le solicitó hace dos meses. Tras comprobar que el parque solar de 1.000 MW es el único proyecto que tiene la eléctrica sobre mesa para enjugar el desempleo que generará el cierre de la central térmica e interpretar que su única motivación es económica, el primer edil y su teniente de alcalde, Juan Ciércoles, abandonaron la reunión celebrada en la sede de la compañía en Madrid.

Sin el máximo responsable de Endesa en la mesa –sí asistieron el director general de Relaciones Institucionales, José Casas; la directora general de Sostenibilidad, María Malaxechevarría y el director general de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner–, la reunión resultó un calco de la que mantuvieron en Andorra el pasado mes de julio. “Sin Bogas, podríamos haberla mantenido en Zaragoza y aseguro que nos hubiera salido más barato”, dijo en tono socarrón Amador, que se mostró molesto tras un nuevo encuentro infructuoso con la dirección de la filial de Enel que no dio pie a hablar del aprovechamiento de la vía del tren como puerto seco o del problema monumental que se les presenta a los regantes del Guadalope a partir del 30 de junio de 2020, cuando Endesa dejará de aportar 1,5 millones de euros anuales al sindicato. 

“No quiero decir que se nos ha tomado el pelo, pero vamos a tratar de una vez por todas esta situación con la importancia que merece porque estamos a 17 de octubre –por ayer– y al ritmo que lleva la central solo hay carbón hasta final de año y unas semanas en 2020, por lo que el goteo de despidos se va a intensificar”, alertó antes de mostrar su solidaridad con los trabajadores de las subcontratas y también de Endesa, porque “no es una recolocación no traumática que te envíen a Melilla trasladando a tu familia y, si no aceptas, te despiden”.

Fuentes de Endesa disculparon la ausencia de Bogas por “problemas de agenda” y refrendaron los planes de la eléctrica de llevar a cabo “una central fotovoltaica de mil MW, con 800 millones de euros de inversión y más de 2.000 trabajadores en la etapa constructiva”.

“Todo esto está pendiente de que Endesa pueda conservar la capacidad de evacuación que según la normativa actual le corresponde”, señalaron las mismas fuentes. Un extremo con el que Amador no está de acuerdo, pues entiende que, igual que ha dicho la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC),  los 1.050 MW de potencia instalada que liberará la térmica tienen que salir a “concurrencia competitiva”. 

 “Nos estamos jugando el futuro de la comarca. No estamos hablando de una empresa familiar, sino de una compañía con capacidad para ir más allá de un parque fotovoltaico porque Andorra y el territorio necesitan más”, dijo Amador. 

La gota que colmó el vaso de la paciencia de Amador y Ciércoles fue que los interlocutores de Endesa “no han contestado preguntas concretas, como con qué empresa se va a hacer el desmantelamiento. En Compostilla se adjudicó a una empresa de fuera y se está haciendo con personal de fuera, por lo que se ha recolocado a un número muy pequeño de personas de allí”, aseguró Amador, quien a los tres cuartos de hora decidió que “la reunión no tenía más sentido cuando han planteado que están preocupados porque no saben si podrán empezar el 1 de julio la construcción de la planta solar”. 

Pese a la tensión vivida ayer en las oficinas de Endesa, en las que los representantes del Ayuntamiento de Andorra aprovecharon para saludar a los sindicalistas encerrados en protesta por el bloqueo del convenio colectivo, Amador aseguró que “las puertas siguen abiertas y los coches los tenemos preparados y llenos de gasolina para ir a donde haga falta”. En este sentido, exigió “otra reunión con Endesa”, esta vez al más alto nivel, “en la que podamos concretar cuestiones” siempre y cuando la dirección “tenga una corresponsabilidad social y económica que posibilite un desarrollo de las zonas donde durante tantos años ha estado recogiendo tantos beneficios”, concluyó.

“Traición y no transición”

Por su parte, la Plataforma de trabajadores de las subcontratas de la central térmica y la Unión Comarcal de Andorra de CCOO calificaron de “traición” y no de “transición” los pasos que se han dado hasta ahora para la reconversión de la cuenca minera tras el anunciado cierre de la planta, y exigen “realidades” y no “buenas palabras y fotografías” para garantizar un futuro no sólo a los operarios de la empresa matriz Endesa.

“Queremos que no se excluya a las y los trabajadores de las subcontratas de las negociaciones, pactos y acuerdos por el simple hecho de no pertenecer a las plantillas de estas grandes empresas, como ya ha sucedido con el Acuerdo Marco” de la minería, porque “nosotros hemos respirado el mismo carbón en nuestros pulmones que cualquier minero”, explicaron en una nota de prensa conjunta la Plataforma y la Unión Comarcal de CCOO tras una asamblea celebrada el miércoles.

En esta reunión “se ha podido constatar el hartazgo y el rechazo que hay por parte de las y los trabajadores de las empresas auxiliares que prestan servicios a Enel-Endesa tanto con la multinacional, por su falta de compromiso ético y moral con el territorio, como con la utilización política y mediática de la Plataforma”. 

“No somos una atracción turística, ni un arma arrojadiza en tiempo de campaña, ni un burro al que poner la zanahoria para que siga el ritmo que le marca el patrón. Somos las y los que hemos estado produciendo riqueza para nuestros territorios, que por desgracia se ha quedado en el bolsillo del consejo de administración de esta multinacional y que no ha revertido en ningún momento en la tan cacareada transición justa”, manifiestan. 

“No podemos esperar a que no haya un gobierno en funciones, no podemos esperar cuatro, ni tres, ni dos años, pues nuestras familias, vecinos, compañeras y compañeros tienen la mala costumbre de comer todos los días”. 

Por ello, exigen “que en las próximas negociaciones para la firma de los Convenios de Transición Justa se pongan en marcha bolsas de trabajo donde todos y todas las trabajadoras del sector, sobre todo las de más edad que sufren el mayor riesgo de exclusión y que no han sido tenidas en cuenta en anteriores negociaciones, tengan prioridad para trabajar en las empresas que se instalen en nuestro territorio”. 

También solicitan “que se impongan cláusulas sociales a estas nuevas empresas que se han prometido desde los diferentes gobiernos, para que cumplan con su promesa de actividad y contratación, y que las subvenciones de proyectos empresariales (del Miner) no sea otro saqueo del dinero público”, advierten. 

Además, recuerdan al Ministerio para la Transición Ecológica que tiene “la obligación de defender el interés público general y el deber de planificar la industria de forma democrática en defensa de sus trabajadores”. 

También piden a alcaldes y representantes políticos “de todos los niveles y administraciones”