El comité de empresa de la térmica de Andorra echa en cara a los diputados que la Comisión especial de las Cortes "llega tarde"

La sesión vespertina de la Comisión especial de estudio para analizar la transición energética y la continuidad de la central térmica de Andorra ha recibido este jueves las aportaciones de los representantes del comité de empresa de la instalación andorrana y de las subcontratas, así como de la asociación empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín y de la Comunidad de regantes del Guadalope. Todos ellos han trasladado la urgencia que existe para tomar medidas de calado así como las consecuencias que traerá para el territorio y las personas la marcha de la compañía eléctrica.

Hilario Mombiela Eulz, miembro del comité de empresa de la Central Térmica de Andorra, ha comenzado la ronda de intervenciones manifestando su “hastío” por la falta de respuesta de las diferentes administraciones durante los últimos siete años de reivindicaciones para que se adoptasen medidas que evitasen el final que ahora se avecina. “Esta comisión llega muy tarde y si no se nos hace caso, con el ritmo de quema de carbón actual, la central cerrará esta misma Semana Santa”, ha advertido.

El representante de los trabajadores de la térmica ha reclamado a los grupos parlamentarios que se tomen cartas en el asunto de una vez y no se dejen morir a Andorra y al resto de la provincia de Teruel. “Nunca agacharemos la cabeza, nosotros decidimos dónde queremos vivir y Endesa no se puede ir de rositas”, ha subrayado. Por ello, ha reiterado las propuestas presentadas ayer a la ministra Ribera para que la compañía se haga cargo de impulsar una planta termosolar que cuente con bastante mano de la obra, que se cree una factoría para acoplar componentes de los cien mil puntos de recarga que se estiman necesarios para el desarrollo de los coches eléctricos y otros proyectos como el ramal ferroviario y la elevación de las aguas del Ebro.

Por su parte, Nicolás Bespín Baeta, representante de la Plataforma de las subcontratas de la central, ha trasladado a los miembros de la Comisión las reivindicaciones de cuatrocientas familias “que no venimos a pedir nada, sino poder trabajar y hacerlo en casa”. “Somos los que hemos dado el cayo sacando adelante las minas, trabajamos y nos dejamos el dinero en los comercios, en el bar. Nosotros hacemos pueblo”, ha resaltado.

El representante del colectivo de trabajadores ha descrito la tensa situación que viven. “Estamos muy cabreados y tengo que estar parando a la gente que propone cortar una línea férrea o una carretera, así que ya no queremos más palabras ni palmaditas en la espalda”, ha advertido. Bespín ha reclamado una “salida digna” para los trabajadores de las subcontratas, “algunos de los cuales llevan trabajando más tiempo del que lleva Endesa en la central”. “Somos mileuristas, con una familia y una casa y cobramos lo mismo si nos vamos a trabajar a Carboneras o As Pontes”, ha querido aclarar. También ha aprovechado para reclamar la creación de un polígono “comarcal”, centralizado y con buenas infraestructuras. “No nos importa desplazarnos. Aquí cada pueblo ha hecho el suyo y sólo sirven para acumular capitanas”, ha lamentado.      

Roberto Miguel Gil, portavoz de la Asociación empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, ha mostrado su decepción por el resultado de la visita ayer de la ministra Ribera, de la que esperaba “algún anuncio importante” y ha alertado del escaso tiempo que resta para adoptar medidas adoptadas hasta que se haga efectivo el cierre de la térmica, por lo que ha solicitado al Gobierno central que no lo autorice y que “alargue su vida útil hasta que se consiga atraer a nuevas empresas”. En la línea manifestada esta mañana por el resto de los representantes empresariales de la provincia turolense, ha planteado la creación de una “oficina de reactivación industrial” que canalice las distintas iniciativas empresariales para instalarse en la zona, que tenga su sede en Andorra, no esté politizado, coordine los fondos y cuente con un equipo humano “multidisciplinar” e “independiente” que realice una reordenación de los espacios y que sirva de punto de atención coordinado para el emprendedor. También ha llamado a adoptar medidas fiscales de apoyo a los que apuesten por asentarse en el territorio, como desgravaciones en el IRPF, reducción del IVA, del impuesto de transmisiones patrimoniales y de las cotizaciones sociales. Además, ha propuesto que se simplifiquen los trámites burocráticos  para abrir un negocio y que se replantee el criterio de reparto de los fondos para que se beneficie a Ariño y Andorra.

En último lugar, José Fernando Murria, portavoz en la Comisión de la Comunidad Regantes del Guadalope, ha advertido de las graves consecuencias que para el regadío  de la zona traerá la marcha de la compañía eléctrica, que hasta ahora disfruta de una concesión de dieciocho hectómetros cúbicos de agua del Guadalope. “Endesa paga como autoconsumo el bombeo de Mequinenza al Civán de Caspe que compensa su concesión, pero si se va, habría que ir al mercado libre de contratación y ese gasto de 960.000 euros por año sería inasumible”, ha alertado. No sería el único motivo por el que el echar en falta a la compañía, que en los diferentes convenios suscritos se hacer cargo del cuarenta y cinco por ciento de los gastos de canon de la energía (unos 535.000 euros al año), el cuarenta y ocho por ciento de las inversiones que se realizan con normalidad, como el recrecimiento de Santolea, y el cuarenta y cinco por ciento de los gastos del sindicato, casi todo destinado según Murria al mantenimiento de las bombas (otros 550.000 euros al año).

El representante de los Regantes del Guadalope ha informado del envío a la ministra Ribera, con copia al Ministerio de Agricultura y al Gobierno de Aragón de una misiva, todavía sin respuesta, planteando estas cuestiones y una serie de medidas a adoptar, como el uso de las cláusulas concesionales para reclamar el veinticinco por ciento de la energía reservada de las presas para el Estado, la optimización con energía renovable, que supondría una inversión de siete millones de euros, el almacenamiento de energía a gran escala, esto es hacer saltos reversibles como el que se está estudiando en Valmuel (Alcañiz), recuperar alguna propuesta de un plan hidrológico de 1950 que contemplaba una presa para el Bergantes o reducir el consumo hídrico optimizando los riegos tradicionales.