El Ayuntamiento de Beceite y la Asociación El Palau, en disputa legal por su sede histórica

El conflicto entre el Ayuntamiento de Beceite y la Asociación Cultural El Palau ha llegado a los tribunales después de que el consistorio iniciara un proceso para recuperar el local municipal donde se encuentra la entidad desde hace casi 50 años. La asociación respondió interponiendo un contencioso-administrativo, lo que ha paralizado temporalmente el desalojo a la espera de que el Ayuntamiento presente sus alegaciones en un plazo de diez días, según fuentes de la misma asociación.

El enfrentamiento cobró mayor visibilidad durante la celebración del Carnaval, hace unas semanas, cuando algunos miembros de El Palau se disfrazaron con temáticas “antidesahucio”. En varios tractores se pudieron ver pancartas con algunas frases reivindicativas como “Somos cultura en resistencia” o “Lo Palau es del poble” (El Palau es del pueblo).

El Ayuntamiento reaccionó hace unos días con una carta firmada por el alcalde, Enrique Celma, en la que calificaba el acto de “bochornoso” y acusaba a la asociación de “politizar la vida social del municipio” y de “convertir el Carnaval en una clase de adoctrinamiento para los niños”. Además, denunció también que la protesta solo contó con la participación de una “minoría del pueblo”.

Celma insistió en que el local en disputa es propiedad municipal, lo que, en su opinión, justifica la intervención del Ayuntamiento para regularizar la situación. “El Palau pertenece a todos los vecinos de Beceite, sin excepción alguna”, recalcó.

“No es política, es cultura”

El presidente de la asociación, Miguel Ángel Deusdad, aseguró que la movilización no tiene fines políticos. “Si el Ayuntamiento estuviera gobernado por otro partido, estaríamos en la misma situación”, afirmó.

Además, defendió el derecho de los vecinos a reivindicar la permanencia de un espacio que ha sido un punto clave en la vida cultural del municipio durante décadas.

Según Deusdad, la asociación intentó negociar con el consistorio, pero en lugar de recibir una propuesta formal para regularizar su situación, se encontraron con una orden de desahucio. “Nos hablaron de un convenio con 5.000 euros de subvención y la cobertura de gastos de luz, gasoil y limpieza, pero cuando pedimos un documento por escrito, lo único que nos llegó fue la orden de desalojo”, explicó.

El mayor punto de fricción en el conflicto es el bar Las Eras, anexo al local, que la asociación gestionaba y del que obtenía ingresos para sufragar parte de los gastos. Deusdad denunció que la situación ha provocado una “pérdida económica” de entre 6.000 y 7.000 euros, ya que el traspaso del bar se ha frustrado y la entidad ha tenido que asumir gastos legales inesperados.

El Ayuntamiento, por su parte, sostiene que su intención es regularizar la situación del edificio y que la asociación pueda seguir usando el local, pero bajo una nueva legalidad. “La propuesta ha sido siempre ofrecerles una solución, pero ellos han optado por lo judicial”, dijo Celma.