El aumento del coste de las liberaciones de concejales y de los asesores tensa el primer pleno en Alcañiz

El Ayuntamiento de Alcañiz pasará de tener 1,8 concejales liberados a 2,5 –casi un tercio del equipo de gobierno– entre los que uno no será el alcalde, Ignacio Urquizu (PSOE), que cobrará como diputado en las Cortes de Aragón y no ostentará ninguna delegación municipal. El peso de la gestión recaerá sobre el primer teniente de alcalde, Javier Baigorri (PSOE), que junto a Francisco José Lahoz (Cs) tendrá dedicación exclusiva. Irene Quintana (PSOE) estará liberada al 50% y se crean dos puestos de personal de confianza, los de secretario y asesor de Alcaldía. 

Estos acuerdos fueron tomados en un tenso pleno en el que quedó estructurada la organización del nuevo Ayuntamiento que gobernará el tripartito PSOE-Cs-IU, cuyos primeros repartos de sillones contaron con la oposición del anterior equipo de gobierno PP-PAR. 

El punto más polémico del orden del día fue el régimen de dedicación de miembros de la Corporación. Las liberaciones de Baigorri y Lahoz tendrán un coste total –Seguridad Social incluida– de 50.000 y 42.000 euros anuales, respectivamente, mientras que la dedicación al 50% de Quintana costará al Ayuntamiento 24.000 euros anuales. 

En la anterior legislatura, el exalcalde Juan Carlos Gracia Suso (PP) estuvo liberado al 80%, mientras que Gisela Barrio (PP) tuvo dedicación exclusiva con un salario de 31.000 euros brutos, la misma cantidad que, según lo aprobado, percibirá Lahoz por su trabajo al frente de las delegaciones de Deportes y Seguridad Ciudadana y Tráfico. Gracia Suso y Barrio cobraban un total de 63.850,77 euros brutos –dato aportado por el PAR–, una retribución inferior aunque no extrapolable a los 116.000 de “coste total” de los nuevos liberados porque en este cómputo se incluye la Seguridad Social. 

Aunque asume más carteras  –Personal y Régimen Interior, Festejos y Comercio y Ferias–, Quintana  cobrará menos que Lahoz, y el superconcejal Baigorri tan sólo 8.000 euros más. Éste lleva el peso haciéndose cargo de las delegaciones de mayor responsabilidad, como Urbanismo y Obras; Hacienda; Aguas; Polígonos, Fomenta y Agricultura. 

Las retribuciones fueron aprobadas por el equipo de gobierno en bloque (9 votos), algo que levantó las críticas airadas de la oposición (8) contra la concejal de IU, María Milián –evitó el voto de calidad del alcalde–, acusándola de haber votado contra las retribuciones del anterior equipo de gobierno cuando eran menos gravosas para las arcas. 

La portavoz del PAR, Berta Zapater, consideró “desorbitado” que Lahoz vaya a estar liberado por su trabajo en dos competencias que durante los últimos años desempeñaron sin cobrar por ello Eduardo Orrios (PAR) y Nacho Esparrells (PP). “Lahoz no tiene suficiente faena como para estar liberado”, sentenció la regionalista. 

“Se va prácticamente a duplicar el gasto de concejales liberados. Si hubiéramos tomado la misma decisión nosotros hace ocho años me hubiera gustado ver su reacción y la de sus palmeros”, cargó Nacho Carbó (PP).

“En algunos momentos nos hubiéramos sentido tentados de ponernos retribuciones, pero quizás tenemos más vergüenza”, prosiguió. “El Ayuntamiento de Alcañiz, el de todos, va a notar los acuerdos a los que han llegado ustedes”, concluyó Carbó, cuya intervención marcó la senda de una oposición dura. 

Milián, que pese a las presiones votó a favor de las remuneraciones, defendió que Ganar no cobrará ningún sueldo y recordó que Gracia Suso se rebajó un 20% la liberación para cobrar también de la Diputación de Teruel. De esta forma, según aseguró Urquizu, cobraba más del 50% que un secretario de Estado, algo que la ley no permite. 

“Si queremos atraer inversiones, como pretendemos, vamos a tener que estar trabajando, y la gente que trabajar tiene que cobrar un sueldo digno por ello”, zanjó el primer edil. 

Por alusiones, Lahoz tomó la palabra para asegurar que está en el equipo de gobierno “para trabajar” y es justo lo que pretende hacer con su liberación. 

Asesor de comunicación

El otro escollo dialéctico de la tarde llegó a la hora de modificar la plantilla de personal de confianza, a la que gracias a los votos favorables del equipo de gobierno se incorporará un asesor de Alcaldía, puesto de nueva creación justificado en necesidades de “imagen corporativa y coordinación de las diferentes áreas de gobierno”. El “importe anual” asciende a 40.656,78 euros, según el dictamen. PP y PAR votaron en contra, aunque durante su mandato también hubo una plaza de periodista de Alcaldía. 

Además, se modificó el puesto de secretario de Alcaldía, que recibirá unas “retribuciones totales” de 32.447,45 euros “sin incluir trienios”. Todos votaron a favor excepto el PP (abstención).

Por lo demás, se dio cuenta de las tenencias de Alcaldía de Baigorri y Quintana, de la junta de gobierno (Baigorri, Quintana, Lahoz, Milián y Zapater) y del reparto de delegaciones. 

Ramón Panadés (PSOE) llevará Transporte, Medio Ambiente y Zonas Verdes, Limpieza y Residuos; Jorge Abril (PSOE) se encargará de Cultura y Patrimonio y Turismo; Ángela Lara (PSOE), de Bienestar Social y Barrios; Susana Mene, de Infancia, Juventud y Educación; y María Milián, de Participación Ciudadana e Igualdad. Habrá hasta 15 comisiones para tramitar los temas relacionados con cada delegación.

Por último, se nombró a los representantes de la Corporación en órganos colegiados como Omezyma (Abril), Ruta de los Íberos (Abril), Ruta de los Tres Reyes (Urquizu y Abril), Agrupación número 7 de residuos (Panadés, Beatriz Altaba –PAR– y un miembro del PP por decidir), Mancomunidad de Aguas del Guadalope-Mezquín (Baigorri y un representante del PP) y Ciudad del Motor de Aragón (Urquizu y Lahoz). PP y PAR protestaron por la “falta de generosidad” del equipo de gobierno.