El ARRU renovará y rehabilitará 55 viviendas de particulares en Alcañiz

Un total de 28 viviendas particulares del casco histórico de Alcañiz serán renovadas y otras 27 serán rehabilitadas gracias al Área de Regeneración y Renovación Urbana de Alcañiz (ARRU) 2020-2022, para la que el pleno Ayuntamiento aprobó el martes las bases reguladoras que regirán el reparto de subvenciones por concurrencia competitiva.

El ARRU se centrará en tres zonas urbanas: los barrios Mazador, Santiago y Almudines, en la parte baja del casco urbano; el entorno de la calle Mazaleón hasta el arco de Loreto, en la parte centro, y, finalmente, la zona que va desde el arco de Loreto a la plaza San Francisco, incluyendo el barrio del Pueyo.

En su conjunto, del nuevo ARRU  se podrán beneficiar viviendas que se encuentren entre la ronda de Belchite, la calle Mazaleón, la calle Palomar y el perímetro del castillo calatravo.

El Presupuesto total del programa será de 3.122.500 euros, apuntó el teniente de alcalde y delegado de Infraestructuras y Urbanismo del Ayuntamiento de Alcañiz, Javier Baigorri. Este montante se reparte entre financiación pública y privada. Esta última será de 1.086.500 euros, mientras que algo más de dos millones de euros será dinero público procedente del Ministerio de Fomento (1.250.000 euros), del Gobierno de Aragón (312.500 euros) y del Ayuntamiento de Alcañiz (473.500 euros).

Baigorri explicó que el programa subvencionará un máximo de 18.000 euros de las rehabilitaciones de vivienda y hasta 45.000 euros en caso de renovación. En ambos casos, el ministerio aportará un 40% del coste subvencionable, por un 10% el Ayuntamiento y otro 10% el Gobierno de Aragón.

“Se va a quedar muy corto”

Baigorri ahondó que el número de actuaciones de rehabilitación previstas es de 27 viviendas, por 28 las renovaciones, si bien podrían darse trasvases de fondos en función de cómo se completen los cupos. No obstante, se prevé agotar las partidas porque se han presentado solicitudes previas para más de 200 viviendas. La oficina técnica sondeará a todas estas personas “para casar mejor la demanda real”, explicó el edil.

La zona, el uso de vivienda, la antigüedad, el nivel de renta, el tipo de actuación o la eficiencia energética serán algunos de los criterios de valoración objetivos para la concesión de las ayudas.

El dinero del ministerio ya obra en poder del ayuntamiento, mientras que el del Gobierno de Aragón está previsto que llegue entre este año y el siguiente. El ayuntamiento lo aportará a partir de 2021, algo que lamentó la concejala del PAR, Berta Zapater, quien valoró positivamente que la ciudad vuelva a contar con un ARRU desde 2017 pero vaticinó que “se va a quedar muy corto”. El programa contará con un millón de euros menos que el anterior.

IU y Ciudadanos valoraron positivamente la actividad en el sector de la construcción que conllevarán estas reformas, lo cual incentivará el empleo en la pequeña empresa y autónomos. “Nos alegramos de que vuelva a Alcañiz un plan de este tipo que tan bien ha hecho al casco antiguo en planes anteriores”, valoró Nacho Carbó (PP).

Por otra parte, el pleno aprobó algunas modificaciones presupuestarias, entre las cuales figura la creación de una puntual subvención nominativa para la parroquia de 9.000 euros, para la sustitución de la tubería de subida de agua al santuario de Pueyos. Según explicó el alcalde, Ignacio Urquizu, la balsa de riegos se volverá a llenar para regar el entorno de la ermita, “una ambición que tienen la mayoría de los alcañizanos”. En concreto, dijo el primer edil, “la tubería ya está metida bajo tierra, ya están las placas fotovoltaicas” que bombearán el agua “y en breve podremos disponer del riego”.

Además, el pleno aprobó la compra, mediante el sistema de renting, de una barredora para el servicio de limpieza. El concejal delegado, Ramón Panadés, explicó que la barredora actual tiene ya 13 años y sobrecalienta frecuentemente, lo que causa múltiples averías y muy costosas. 

Contra la cesión de remanente

Por otra parte, el pleno aprobó –con los únicos votos en contra del PSOE– un acuerdo contra el decreto ley que incluye el acuerdo de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el uso de los remanentes municipales para afrontar el gasto por el coronavirus, una norma para la que el Gobierno sigue sin contar con los apoyos necesarios para sacarla adelante ante el rechazo unánime de la oposición. Aún así, el día 10 la someterá a votación en el Congreso de los Diputados. 

El ayuntamiento exige la modificación del borrador. Pide que se permita a las entidades locales decidir sobre cómo aplicar el gasto para luchar contra el coronavirus, reactivar la actividad económica e impulsar el bienestar social; en el caso de entidades locales que opten por ceder remanentes, que no se vean obligadas a ceder la totalidad y que se reduzcan los plazos de devolución; flexibilizar la regla de gasto al objeto de poder utilizar el superávit para acometer gasto social o de políticas de empleo; dar respuesta a los ayuntamientos que no tienen remanentes y tener en cuenta el coste de los servicios en el medio rural.