Desalojan una vivienda del bloque VPO de Capuchinos de Alcañiz, sin estrenar desde 2009

La Policía Local de Alcañiz y la Guardia Civil desalojaron el sábado a dos mujeres de uno de los 15 pisos del bloque de viviendas del camino de Capuchinos que Promociones Puipinos SL construyó en 2009 para destinarlas al arrendamiento protegido con el visto bueno del Gobierno de Aragón. Nueve años después, los pisos siguen sin estrenarse cuando en Alcañiz y su entorno hay alrededor de 50 familias en la bolsa de alquiler social del Ejecutivo autonómico, por lo que la plataforma Stop Desahucios pide que se oferten. No obstante, en este momento están embargados por un procedimiento concursal. 

El desalojo se produjo apenas dos días después de que estas dos mujeres ocuparan una de estas 15 viviendas (la promoción incluyó también 13 plazas de garaje y 12 trasteros). Según informaron fuentes de la Policía Local, forzaron la puerta del garaje y accedieron al interior porque “les habían dicho que el bloque estaba abandonado”. Según relataron a los agentes, a las chicas las echaron del anterior piso en el que estaban, presumiblemente por impagos. 

“No se trata de un desahucio”, puntualizó la Policía Local. Fueron las mismas chicas las que preguntaron si podían estar allí y los agentes les explicaron que no. “Lo entendieron todo y se fueron, sin mayor problema”.

La plataforma Stop Desahucios, no obstante, exige al Ayuntamiento de Alcañiz y a la Subdelegación del Gobierno que clarifiquen las condiciones del desalojo, si se ofreció alguna alternativa habitacional a estas personas y si existió una orden judicial para iniciar este proceso. 

De la misma forma, la plataforma aprovechó para solicitar que se busque “con urgencia” una salida a este edificio, “vinculado a la Consejería de Vertebración, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón”, que pasaría por “ofrecérselas a las 50 familias que esperan una vivienda de la bolsa de alquiler social” del Ejecutivo autonómico en Alcañiz y su entorno .

Stop Desahucios recordó que la promoción de estas 15 viviendas fue financiada en parte por una subvención del Estado de 422.541 euros, procedentes de los planes de vivienda de hace casi una década. Asimismo, afirmó que existe una “vinculación directa” entre la empresa promotora y el Gobierno de Aragón, pues en la fachada del bloque hay una placa con el emblema del Ejecutivo anunciando que son “viviendas de protección pública”, refiriendo el número de expediente y el nombre del promotor. Además, en la web institucional viviendaragon.org, del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, se publicita esta promoción dentro del programa de alquiler Toc-toc. 

Hay un embargo pendiente

Fuentes de Vertebración aclararon que las viviendas “no son del Gobierno de Aragón”, sino de un promotor que las quería poner como viviendas de VPO para alquiler.

Fueron construidas en 2009, cuando se solicitó la calificación provisional como viviendas protegidas de régimen especial para arrendamiento. Este trámite se obtuvo el 24 de febrero de 2010. 

No obstante, el Ejecutivo autonómico no pudo conceder la calificación definitiva porque la empresa entró en concurso de acreedores, por lo que la administración de sus bienes la realiza un administrador concursal. Hay un embargo pendiente que pesa sobre estas 15 viviendas. 

En estos momentos, prosiguieron las mismas fuentes gubernamentales, el procedimiento concursal se encuentra en fase de liquidación. La Dirección General de Vivienda y Rehabilitación pretende conceder la calificación definitiva para que las viviendas puedan ser habitadas lo antes posible, pero la decisión está vinculada al concurso. 

“Por los contactos mantenidos con la administración concursal, se conoce que se ha solicitado a la jueza el levantamiento del embargo sobre el edificio”. Cuando esto ocurra, “se podrá iniciar el proceso de calificación definitiva”, concluyeron las mismas fuentes. 

Desde la plataforma Stop Desahucios exigen que se respeten los más de 400.000 euros públicos destinados a esta vivienda social, y recuerdan que con una cantidad similar (430.635,96 euros) el Gobierno de Aragón tan solo ha sido capaz de rehabilitar seis pisos de su Parque de Maquinaria en Alcañiz para vivienda social. La licitación de la rehabilitación de otras seis viviendas en el citado parque, por otro lado, ha quedado desierta. El precio máximo era en esta ocasión de 248.246,57 euros. 

Stop Desahucios recuerda que la Diputación Provincial de Teruel también posee algunos pisos, que habría que acondicionar, junto al antiguo casino de Alcañiz que también podrían destinarse a vivienda social.