De Baqueira a Ejulve: la peripecia de Blanca Felipo, usuaria de un vehículo vivienda que fue obligada a volver al pueblo

Imaginen que están cómodamente sentados en el sofá de su casa tomando un refrigerio y viendo una serie, sin pisar la calle más que para cuestiones básicas en pleno estado de alarma, pero un agente de la autoridad les invita a marcharse a otro sitio porque están contraviniendo los decretos de confinamiento. Esta es la situación a la que se han visto abocados en España miles de autocaravanistas, caravanistas, propietarios de furgonetas y otros vehículos vivienda homologados a los que con el cierre de las áreas de servicio públicas y privadas se les negó la posibilidad de conectarse –pagando– a puntos de agua y luz y poder deshacerse de sus aguas residuales en condiciones. También se les despachó de la vía pública, algo que las asociaciones que les representan consideran anticonstitucional. Con la fase 1 de la desescalada, piden la reapertura de sus puntos logísticos y se reivindican como la opción más segura e higiénica para hacer turismo este verano.

Desde que el Gobierno de España decretara el estado de alarma el 14 de marzo, el teléfono del presidente de la Plataforma de Autocaravanas Autónomas (PACA), Jesús Gallardo, no para de sonar. “Se ha expulsado a muchas familias contra derecho, con decisiones de autoridades que se han cogido atribuciones indebidas y que se han sobrepasado”, denuncia sin tapujos. Y es que “una autocaravana –al igual que una caravana o una furgoneta camperizada– es un domicilio a todos los efectos, y una residencia, por lo que hay que respetarla igual que un bien inmueble”.

Con decisiones que “no solo contradicen el decreto 463/2020, sino que van contra sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, a quienes vivimos” en estas viviendas sobre ruedas “los ayuntamientos nos expulsaron de nuestras casas” al clausurar áreas de servicio en virtud de la ley. De modo que “nos expulsaban de una localidad y nos íbamos a la de al lado, contraviniendo el propio decreto porque debíamos haber permanecido en el lugar inicial para no dispersar el virus en el caso de llevarlo. En ningún momento ponía en el decreto que había que expulsarnos de la vía pública, por lo que ha sido un atropello contra muchos de nosotros”, sentencia Gallardo, que se pone a disposición de los más de 55.000 autocaravanistas, 210.000 caravanistas y 9.500 usuarios de furgonetas camperizadas del país para recurrir las denuncias que les hayan puesto por este motivo. Eso sí, la asociación no responde ante los imprudentes que han desoído las leyes y han seguido haciendo turismo como si nada pasara. 

De Baqueira a Ejulve obligada

Blanca Felipo está empadronada en Ejulve, pero desde hace algunos años vive habitualmente en una furgoneta homologada como vivienda. Trabaja en la hostelería, alternando campañas de nieve y playa, y ante el elevado precio de los alquileres en las zonas turísticas se decantó por esta opción habitacional. 

El confinamiento le cogió en la estación de esquí de Baqueira (Lleida), donde los Mossos d’Esquadra desalojaron el aparcamiento que compartía con otros usuarios de furgonetas. “Como cerró el hotel y se decía que iban a aislar Cataluña entera, me acerqué hasta Aragón para por lo menos estar en mi Comunidad Autónoma. Aparqué en Mequinenza (Zaragoza), apartada de la humanidad para no contagiarme ni contagiar, y vino el Seprona a ver qué hacía allí. Les expliqué que era mi vivienda, pero me invitaron a irme a casa de mis padres, que es la dirección que figura en mi DNI. Yo salía lo justo, para sacar un poco a la perra, para rellenar el depósito de agua y para comprar”, relata. 

Por evitar sanciones, obedeció y acabó en Ejulve. “Me subí al piso de arriba –sus padres estaban abajo en cuarentena–, pero bajo a la furgoneta a dormir porque en mi cama estoy más cómoda. Tengo hasta wifi”, explica Felipo, que no entiende cómo las autoridades consideran más seguro para los furgoneteros y para sus familiares que ellos vuelvan a casa. “En Baqueira había muchos compañeros, estábamos todo bien separados y ahora están en medio de Barcelona, donde es muchísimo más peligroso”. 

Felipo hace un llamamiento para que, en próximas legislaciones y decretos, se les tenga “más en cuenta porque somos muchos y cada vez más los que adoptamos este modo de vida, también como crítica al precio del alquiler y el boom inmobiliario. Al menos, que no se nos multe porque las furgonetas están homologadas como vehículo vivienda”.

Piden normalización en fase 1

Tras insistir a la Secretaría de Estado de Turismo, la PACA interpreta que ha logrado que las áreas de servicio para autocaravanas tengan “consideración de alojamientos turísticos extrahoteleros”, por lo que en la fase 1 de la desescalada los ayuntamientos “podrán proceder a la reapertura”, con las debidas medidas de seguridad. 

“Pueden circular dentro de la provincia o isla vehículos vivienda de hasta nueve plazas”, explica Gallardo. Además, “en los aparcamientos podemos pernoctar perfectamente –para desplegar mesas y sillas ya hay que estar en un camping, que ya están reabriendo–, y una vez en el exterior deberemos guardar las medidas de seguridad que todos conocemos”, indica el presidente, quien pide “prudencia, cautela, educación cívica y compañerismo” a los asociados. 

Gallardo reivindica el turismo de autocaravana como la modalidad más sostenible y segura en estos momentos, pues son “domicilios itinerantes” donde “la aglomeración no existe y solo tienes contacto físico con tus familiares”. El responsable invitó a las autoridades a mimar a este perfil de visitante, tanto por su número como por su poder adquisitivo, pues según calcula la PACA “un  autocaravanista ronda el gasto medio de 60 euros por día”, pues consume en restaurantes y compra productos en el pequeño comercio de pueblos recónditos. Un 70% de los autocaravanistas tiene más de 55 años “y un poder adquisitivo medio-alto”. Pasan nueve meses de media fuera de su casa de ladrillo y cemento.

La PACA hace “un llamamiento a los ayuntamientos para que hagan más áreas de servicio” y les brinda asesoramiento. En la provincia las hay en Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calaceite, Cantavieja, Cretas, Fuentes Calientes, Monteagudo del Castillo, Peñarroya de Tastavins, Utrillas, Valderrobres, Andorra o Ejulve.