Aragón reclama que se dé voz a las autonomías mineras en el proceso de Transición Justa
Alega contra el artículo que permite a un operador cerrar una central y quedarse con la capacidad de evacuaciónEl Gobierno de Aragón ha presentado diversas alegaciones al Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, a la Estrategia de Transición Justa y al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que componen el Marco Estratégico de Energía y Clima. El objetivo de estas modificaciones es tratar de garantizar una transición energética verdaderamente justa. Para ello se solicita que el Anteproyecto de Ley prevea la participación de las Comunidades Autónomas –competentes en aspectos clave como la ordenación del territorio, la política industrial o la actividad económica- y se ponga a disposición de todos los operadores interesados la capacidad de evacuación de instalaciones como la central térmica de Andorra.
En este sentido, el artículo 23 y la Disposición Final cuarta del anteproyecto ley –que el Gobierno de Aragón ha solicitado eliminar- permiten que, mediante una orden ministerial y convenio de transición justa con una de estas entidades, incluso sin participación de la Comunidad Autónoma afectada, el titular de una central térmica o termonuclear obsoleta la cierre reservándose la capacidad de evacuación, que no se revertiría a la red, en perjuicio de otros operadores.
De esta forma se promueven los beneficios económicos de esas entidades, en perjuicio de otras, y la falta de igualdad de condiciones entre operadores, señalaron desde el Gobierno de Aragón, quienes apuntaron que así se quiebran las exigencias de competencia del actual marco regulatorio y vulnera la normativa europea en la materia.
Esto podría afectar a 50.000 MW de centrales térmicas y termoeléctricas que sus titulares podrían sustituir, sin competencia, por centrales de fuentes renovables.
Centrales hidroeléctricas
Algo similar se prevé para las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones de agua queden extinguidas, garantizándose a sus titulares acceso preferente a nuevas concesiones. Esto afectaría a un total de 20.000 MW, que incluirían 45 centrales hidroeléctricas a las que les caduca la concesión en los próximos diez años.
En Aragón hay 1.101 MW en central de carbón, 1.863 MW en ciclos combinados y 1.557 MW en centrales hidroeléctricas.
El Gobierno de Aragón ha solicitado en sus alegaciones que se sustituya el artículo 23 y la Disposición Final cuarta del anteproyecto ley por criterios de transición justa que, en el ámbito de la libre competencia, favorezcan el desarrollo y vertebración territorial, incorporando valor añadido al territorio que tiene los recursos y sufre el cierre de centrales térmicas convencionales.
Entre las peticiones del Gobierno de Aragón figura también la inclusión en el Objeto del Anteproyecto de Ley de una referencia explícita a la estrategia de adaptación al cambio climático, y que se tenga en cuenta el equilibrio territorial en relación con los beneficios fiscales relacionados con los combustibles. Además, se solicita la inclusión de un plan específico para impulsar las renovables en los sistemas de regadío y un plan de mejora de la eficiencia en la fertilización agraria y la reutilización de los estiércoles, en consonancia con el decreto de Purines impulsado por el Gobierno de Aragón.
Participación
El artículo 23 del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética se desprende que las Comunidades Autónomas pueden no formar parte de los denominados Convenios de Transición Justa. Asimismo, de su contenido se infiere incluso que pueden llegar a ser obviadas a la hora de concretar su contenido y objetivos, y que no se las requerirá expresamente para abordar una coordinación en relación a las Estrategias que se pudiesen aprobar a nivel autonómico, algo que el Ejecutivo considera “indispensable”.
El Gobierno de Aragón informó de que defiende que la transición energética debe realizarse de forma “planificada, solidaria, equitativa y respetuosa con los derechos y la dignidad de las personas y los territorios.” Asimismo, apuesta por que la actividad de generación mediante fuentes renovables no quede reservada a las actuales propietarias de las centrales térmicas y termonucleares españolas, sino que puedan entrar en el mercado otros operadores nuevos.
