Algunos animales del criadero de perros desmantelado en Calanda tenían un microchip a nombre de una segunda persona

La Guardia Civil no descarta que haya más personas investigadas tras el desmantelamiento esta misma semana en Calanda de un criadero ilegal de perros que se encontraban en unas condiciones higiénico sanitarias “deplorables”. Algunos de los animales, que están siendo derivados a distintas protectoras de Aragón desde este mismo lunes -cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) inició el servicio- tenían un microchip bajo la piel que estaba a nombre de una segunda persona diferente al responsable de las instalaciones.

El principal investigado por estos hechos es Adrián D. G., de 71 años de edad, a quien el Instituto Armado atribuye al menos un delito contra la flora y fauna y animales domésticos, otro por maltrato animal y un tercero por quebrantamiento de condena, por haber sido condenado este mismo mes de abril por hechos similares ocurridos en Maella (Zaragoza) en el año 2020, cuando fueron localizados en una granja que él ocupaba 544 perros en las mismas nefastas condiciones y falta de cuidado.

Por estos hechos acaecidos en la localidad del Bajo Aragón zaragozano, el Juzgado número 1 de lo Penal de la capital aragonesa le condenó este pasado mes de abril a 18 meses de prisión, cuatro de inhabilitación y 6.000 euros de multa. La pena, no obstante, le fue suspendida (no llegaba a los dos años de cárcel) en el plazo de cinco años a condición de que, entre otras cosas, no volviera a delinquir.

La granja de conejos en la que se hacinaban los animales, situada en una zona rústica del término municipal de Calanda, estaba abandonada desde hacía tiempo como también lo había estado la que empleó hace tres años para tener otro criadero ilegal de perros en Maella.

Según la Guardia Civil, el Seprona, en colaboración con veterinarios del Gobierno de Aragón, verificó este lunes el número y estado en que se encontraban los animales, así como la documentación de cada uno de ellos. Finalmente, se ha comprobado que en estas instalaciones había no 80 perros como indicó este periódico en la información publicada este martes, sino 120. Los animales tenían distintas edades (había adultos y cachorros) y pertenecían a diferentes razas. Además, gran parte de ellos carecían del correspondiente microchip.

Sin comida ni agua

Durante las mismas pesquisas se comprobó que el estado sanitario de los perros “era lamentable”: no tenían comida ni agua y en muchos casos presentan diversas enfermedades, heridas y parásitos externos. Según explicaron desde la Protectora de animales de Alcañiz, algunos tenían  sarna, dermatitis, conjuntivitis, presentaban heridas abiertas en el cuerpo y algunas hembras llegaban a tener incluso tumores en las mamas. A todo ello se añade que las instalaciones carecían de ninguna autorización para el desempeño de esta actividad, tal y como había ocurrido en la granja que fue desmantelada en Maella.

La Guardia Civil destacó la “inestimable colaboración” que han dispensado “diferentes Protectoras de Animales, no sólo del Bajo Aragón, sino también  de Teruel y Zaragoza”. Desde el lunes de esta semana, los animales están siendo entregados en acogida a voluntarios que colaboran con estas asociaciones, además de quedar alojados en las instalaciones de las protectoras”.

Las diligencias están siendo instruidas todavía por el Seprona de la Guardia Civil. Desde el Instituto Armado indicaron que  cuanto esté finalizado el procedimiento, se informará al Juzgado de guardia de Alcañiz.