Alcañiz mantendrá externalizado el servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado

El pleno del Ayuntamiento de Alcañiz aprobó este lunes volver a externalizar el servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, algo que en la práctica nunca ha dejado de ser así desde hace tres décadas. El equipo de gobierno aspira a elaborar este mismo año un pliego de concesión que marque la hoja de ruta del servicio para las próximas dos décadas.

El acuerdo se tomó en la sesión plenaria ordinaria de marzo con los votos a favor del equipo de gobierno (PP, PAR y VOX, 9 concejales), mientras que PSOE, Teruel Existe e Izquierda Unida (8) votaron en contra.

De esta forma, la corporación municipal echó para atrás el modelo de gestión mixto –que nunca se llegó a aplicar– para diez años, participado al 51% por el consistorio y al 49% por una compañía especialista, aprobado la legislatura anterior por PSOE, Ciudadanos y Ganar-IU, con los votos en contra de PP y PAR.

En aquella ocasión, como IU se abstuvo fue necesario el voto de calidad del anterior alcalde, Ignacio Urquizu, mientras que la diferencia fue de un solo concejal, lo que habla de la fragmentación histórica en el seno del consistorio por este asunto.

Cabe recordar que de la gestión del servicio de agua potable y saneamiento se encarga actualmente la empresa Aquara de manera provisional, después de que en 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) declarara nula la prórroga del contrato que había sido firmada en el año 2012 con esta misma empresa      –entonces se llamaba Aquagest– por un periodo de 39 años.

Pese a haber transcurrido ocho  años desde la decisión judicial, apenas se ha avanzado en este tiempo en la licitación de un nuevo contrato o en un nuevo modelo de gestión, por lo que la empresa ha seguido gestionando un servicio indispensable.

En parte, y según afirmó Jesús Gan (PP), presidente de la comisión especial del agua del ayuntamiento, esto es así porque la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón informó desfavorablemente acerca de la fórmula mixta elegida en 2022 “y ahí se acabó el modelo de gestión que ustedes presentaron y que en cuatro años de legislatura no fueron capaces de concluir”, espetó a Javier Baigorri (PSOE), anterior concejal delegado del ciclo del agua.

Ahora, el actual equipo de gobierno tripartito prefiere volver a la concesión de servicio en favor de una empresa.

El alcalde, Miguel Ángel Estevan, indicó en declaraciones a este diario que su intención es aprobar, “si pudiera ser este mismo año”, un pliego de condiciones solvente para que las empresas se puedan presentar.

“Queremos seguir apostando por el modelo que había hasta ahora porque lo que funciona no hay por qué cambiarlo. Lo llevábamos en el programa electoral y así lo estamos haciendo. El modelo mixto era un experimento, no había ninguna ciudad parecida a Alcañiz en Aragón en la que se hubiera hecho. Tampoco garantizaba que fuera a ser mejor la calidad del servicio ni que fueran a bajar las facturas”, argumentó.

“Cuando tenemos un problema, la empresa lo resuelve con rapidez porque tiene medios. Si el servicio fuera público o mixto, habría que contratar más empleados municipales y más medios”, prosiguió.

Como “tenemos que dar unas expectativas a la empresa” y la ciudad necesita inversiones en la red, “en el informe técnico tendría que figurar que por lo menos el contrato sea para 15 o 20 años”, calculó Estevan, quien subrayó que la mencionada comisión del agua es fundamental para tramitar la documentación.

Según lo aprobado en el pleno, se incoa expediente de concesión de servicios, que incorporará estudio de viabilidad, proyectos, régimen jurídico, pliegos de condiciones administrativas y estructura de costes de cara a un nuevo informe de la Junta Consultiva de Contratación de Aragón.

“El día de la marmota”

“Es el día de la marmota. Es la tercera vez que hacemos incoación de expediente” desde el contrato de 2012 que anuló el TSJA que contenía el famoso anticipo de los 2,3 millones de euros, explicó la concejala de IU, María Milián, que abogó por una gestión pública del agua para no “mercantilizar los derechos de los ciudadanos” ni obtener “lucro de bienes comunes, el más preciado que va a haber” con el cambio climático.

“No estoy de acuerdo en que una empresa lo vaya a hacer mejor por el mero hecho de ser privada, expuso el concejal de Teruel Existe, Joaquín Egea, quien aseguró que el motivo de la externalización es “ganas de quitarse un marrón”. Recordó que el contrato original con Aquara  proviene de hace 30 años y desde entonces “las exigencias –de inversión– no están cumplidas”.

Baigorri recordó el estudio de la consultora Ingeagua que permitió en 2022 tomar una decisión en base a “un buen estado de opinión” acerca de la situación de la red “para empezar a establecer unas necesidades de inversión”. Defendió no irse a contratos de 25 años para no “comprometer a siete corporaciones”.

Por parte del equipo de gobierno, Ramiro Domínguez (PAR) se declaró abiertamente “liberal”, por lo que defendió un modelo de concesión, “con unos determinados condicionantes” para la buena prestación del servicio y que este sea “lo más rápido y lo mejor para el ciudadano”.
“Necesitamos capacidad de respuesta y especializada”, convino Carlos Andreu (Vox).

Por su parte, Gan confió “en operadoras especializadas que aseguran medios humanos y materiales para el día a día y eventualidades”, con “tecnología actualizada y capacidad de respuesta cuando surgen problemas”. Para el seguimiento y control del contrato, no descartó recurrir a una nueva externalización a empresa privada.

Agricultura y 8M

Entre otros puntos del orden del día, el pleno aprobó un acuerdo de hermanamiento con el municipio de Lebrija (Sevilla), al que unen con Alcañiz profundos lazos humanísticos, y aprobó una declaración institucional de apoyo a la agricultura, algo que no fue posible en el caso de una moción por el 8 de Marzo, Día de la Mujer, por la rotunda oposición de Vox. El resto sí la aprobó.

Contencioso por la restauración de Pui Pinos

El Ayuntamiento de Alcañiz desestima las alegaciones formuladas por Territorio Aranea en el procedimiento de declaración de lesividad del acta de recepción del proyecto de urbanización de acceso al vial del barrio Santiago, por lo que confirma que interpondrá un recurso contencioso administrativo.

Se trata de un trámite que sigue al inicio del procedimiento, el pasado 8 de enero, por el que el consistorio acordó declarar “lesiva” para los intereses municipales el acta de recepción del proyecto de urbanización y dirección de obras, restauración paisajística de la ladera con integración de vial en el cerro de Pui Pinos, firmada el 3 de enero de 2023 por el anterior alcalde, Ignacio Urquizu.  Según el informe jurídico que justifica la declaración de lesividad, la recepción del proyecto, que había sido encargado en septiembre de 2020 a dicho gabinete de arquitectura, no debería haberse efectuado, al constar un informe desfavorable del servicio de Obras por las innumerables deficiencias técnicas que presentaba la propuesta, entregada dos años después de firmarse el contrato, motivo que, según el informe, ya suponía un incumplimiento.

La adjudicataria, por su parte, demanda cobrar los últimos 10.000 euros que le restan por percibir del contrato, de 148.500 euros más IVA. La valoración inicial de la obra que realizó ascendía a 3.165.158 euros pero el contrato que presentó tras seis subsanaciones acabó en 6.166.859 euros.