Alcañiz declara lesiva el acta de recepción del proyecto de restauración del cerro de Pui Pinos

El pleno de Alcañiz acordó este lunes por unanimidad declarar “lesiva” para los intereses municipales el acta de recepción del Proyecto de urbanización y dirección de obras, restauración paisajística de la ladera con integración de vial en el cerro de Pui Pinos, firmada el 3 de enero de 2023 por el entonces alcalde, Ignacio Urquizu. Según el informe jurídico que justifica la declaración de lesividad, la recepción del proyecto, que había sido encargado en septiembre de 2020 al gabinete de arquitectura Territorio Aranea SLP, no debería haberse efectuado, al constar un informe desfavorable del servicio de Obras por las innumerables deficiencias técnicas que presentaba la propuesta técnica, entregada dos años después de firmarse el contrato, motivo que, según el informe jurídico, ya suponía un incumplimiento de las condiciones contractuales.

La declaración de lesividad lleva implícita la remisión del asunto a los tribunales de justicia, que tendrán que dirimir en última instancia si, como defiende el Ayuntamiento de Alcañiz, el proyecto incumple los criterios de adjudicación y no es acorde con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Asunto, por tanto, peliagudo en el primer pleno ordinario del año. Como telón de fondo, un proyecto de restauración paisajística que se presentó a bombo y platillo en octubre de 2020 en el Teatro Municipal, en una comparecencia pública retransmitida en directo a través de Youtube.

Ahora, tres años después, lo que hay son dos reclamaciones sobre la mesa. Por un lado la de la empresa concesionaria, que demanda cobrar los últimos 10.000 euros que le restan por percibir del contrato de servicios suscrito con el Ayuntamiento y que incluia unos honorarios (IVA no incluido) de 148.500 euros. Por otro lado, la del Ayuntamiento, que se niega a pagar esa cantidad y que reclama la devolución de lo pagado atendiendo a que, según los servicios técnicos municipales, el proyecto no debería haber sido aceptado por parte de Alcaldía, que el 3 de enero del año pasado recepcionó el proyecto habiendo informes negativos del departamento de Obras.

Antecedentes

La empresa adjudicataria del contrato obtuvo la mayor puntuación en el proceso de licitación del contrato, que establecía un baremo a partir de distintos criterios de adjudicación. La valoración de la obra que realizó la mercantil en su propuesta ascendía a 3.165.158 euros pero el contrato que presentó tras seis subsanaciones consecutivas acabó ascendiendo a 6.166.859 euros.

El 21 de marzo de 2021, la contratista, tras haber solicitado una prórroga en enero de ese año, presentó una primera versión del proyecto de urbanización, a la que siguieron otras tres versiones tras los correspondientes informes técnicos municipales que demandaban subsanaciones. La tercera versión se presentó a principios de agosto de 2021 y, 10 días después, se trasladó a la empresa un documento donde el Ayuntamiento de Alcañiz denunciaba el incumplimiento del contrato, tras haberse incrementado a casi el doble el presupuesto de la obra, muy por encima de lo que fijaba el pliego. El gabinete de arquitectura respondió el mismo mes con una justificación del aumento de precios y entregó una una cuarta versión del proyecto en enero de 2022 y, tras los preceptivos informes municipales, una quinta y hasta una sexta versión hasta que el 25 de noviembre de 2022 los servicios técnicos municipales emitieron un informe desfavorable al proyecto.

El penúltimo capítulo del asunto tuvo lugar en enero de 2023, cuando el entonces alcalde, Ignacio Urquizu, y la responsable de Territorio Aranea SLP firmaron el acta de recepción del proyecto de urbanización, lo que suponía la aceptación por parte del Ayuntamiento de un proyecto que contenía, según consta en el expediente de obras, distintas deficiencias.

Con un nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento, la empresa solicitó el cobro de los últimos 10.000 euros que le restaban por percibir. Sin embargo, a la vista de los precedentes, el actual alcalde, Miguel Ángel Estevan, ha optado por incoar un expediente declarando lesiva para el interés público el acta de recepción de enero del año pasado.

Motivos de lesividad

Para justificar la “lesividad” del acuerdo de recepción del proyecto, los servicios jurídicos municipales se han basado en varios aspectos. En primer lugar, consideran que la Comisión de Urbanismo, que acordó la concesión de una prórroga a la contratista, no era competente para hacerlo. Además, añade el informe que lo que presentó el 21 de febrero de 2021 la contratista era la primera versión del proyecto, siendo entregada la sexta y definitiva en octubre de 2022, es decir, dos años después de la firma del contrato, por lo que considera que el incumplimiento de los plazos implica un incumplimiento del contrato.

Además, el informe jurídico del Ayuntamiento subraya el incumplimiento por parte de la propia administración de los plazos establecidos por la ley de Contratos del Sector Público, pues las deficiencias señaladas en el último informe del técnico de Obras no fueron subsanados en tres meses, por lo que se entiende que la administración debería haber resuelto entonces ya el contrato. Asimismo, entienden que el Ayuntamiento  también debería haberse resuelto o penalizado a la contratista al ser patente la tardanza en entregar el proyecto. Por último, justifica la lesividad del acta de recepción del contrato firmada en enero de 2023, al no contar el proyecto con el informe técnico preceptivo  avorable al no cumplir con los criterios del pliego.

Unanimidad

El acuerdo de lesividad fue aprobado anoche por unanimidad de toda la Corporación, incluido el grupo municipal socialista (PSOE), que tenía la responsabilidad de Gobierno cuando se recepcionó el proyecto a través del acuerdo de Alcaldía firmado por Ignacio Urquizu. En este sentido, fue el propio exalcalde y actual concejal del grupo municipal socialista quien justificó la adopción de aquella decisión alegando motivos de “seguridad”, por considerar que el proyecto afectaba al cerro de Pui Pinos, donde se estaban realizando obras de emergencia, y “económicos”, al haber sido concedidas al Ayuntamiento de Alcañiz dos subvenciones del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) por un montante de cinco millones de euros para las obras del cerro y, según sus palabras, podían peligrar si se rechazaba el proyecto de restauración paisajística.

Según el ex alcalde, “se podía resolver el contrato, con lo que se hubiera iniciado un procedimiento que dura seis meses y que podría acabar en el Tribunal de Cuentas y en los tribunales, o recibir el proyecto”. Urquizu añadió que “en circunstancias normales, se habría tomado esa decisión, pero no se tomó porque había unas obras de emergencia en marcha y había que colocar unas pantallas por motivos de seguridad y dar carpetazo al proyecto de ejecución”. No hacerlo, dijo, “suponía asumir un riesgo, porque podía haber nuevos desprendimientos”. Aparte, señaló que nunca tomó las decisiones “solo” y que se asesoraba a través de los técnicos municipales, que, según dijo, “me comentaron que una resolución contractual podía generar un mayor perjuicio al Ayuntamiento, por las consecuencias que podríamos tener”.

En cualquier caso, las obras que se ejecutan en el cerro de Pui Pinos llevan seis años en marcha sin un proyecto de base, porque se trata de una actuación de emergencia, por lo que el proyecto de restauración paisajística y de adecuación del vial que se encargó a Territorio Aranea SLP poco tiene que ver con las pantallas que se tenían que colocar por seguridad en el muro de Pui Pinos ni con la ayuda de 5 millones de euros del Fite. Así lo hizo constar en su turno de intervención el portavoz del PP, Eduardo Orrios, quien insistió en que el proyecto que se presentó por parte de la contratista “no cumplía con el objetivo por el que había sido adjudicado”.

A pesar de la gravedad del asunto, este punto del orden del día se solventó con breves intervenciones por parte de los portavoces de los grupos municipales, que fueron muy cautos en sus palabras, probablemente porque saben que el asunto acabará en los tribunales.