Engregan 400 firmas para mejorar las condiciones de los centros de menores

La Plataforma por un Convenio para los trabajadores de prevención, reforma y protección de menores en Aragón, integrada por los sindicatos CCOO, UGT y CGT, entregaron este martes 400 firmas en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para pedir una subida salarial y reducir la jornada de trabajo de los educadores sociales en los centros de menores de la Comunidad Autónoma.

Así lo explicaron el delegado de CGT en el comité de empresa en el Centro de Menores de Juslibol, Héctor García, y el delegado de CCOO en Teruel, Jesús Esteban, en la concentración convocada delante del IASS en Zaragoza en la que congregaron a más de medio centenar de los trabajadores de centros de menores.

Esteban detalló que tienen un salario base de 1.300 euros y 14 pagas prorrateadas. “Está muy poquito por encima del Salario mínimo Interprofesional, sino no nos daría para llegar a los gastos de fin de mes”, aseveró. De esta manera, indicó que un educador social titulado con una carrera universitaria en 2022 “está cobrando lo mismo” que el profesional que se tituló en el año 2002. Asimismo, mencionó que quieren una reducción en las horas trabajadas “sustancial”, debido a que en la actualidad realizan una media de 1.722 horas al año.

En concreto, Esteban detalló que “lo ideal” sería reducir el horario de trabajo a 1.500 horas equiparando la jornada laboral a los profesiones de la educación pública. “Hemos estudiado educación social, pero trabajamos con una población que tiene una carga mental, de estrés y de ansiedades, que provoca muchas bajas laborales”, apuntó.

“Nosotros viendo las horas del convenio autonómico valenciano, que son 1.462, y las del País Vasco, que están rondando las 1.600, pues queremos entre 1.500 y 1.600 horas”, agregó.

Recriminaciones

También, recriminó que el 95 por ciento de los servicios que se ofrecen en los centros de menores están externalizados por Gobierno de Aragón. “Este sector en su mayoría lo gestiona la Fundación para la Atención del Menor (FAIM), Kairós, Ozanam, Ymca y Aldeas Infantiles”, afirmó.

“Estamos aquí para entregar 400 firmas a la gerente del IASS, Noelia Carbó, para que se implique en la medida que se pueda en una negociación del convenio porque las entidades que gestionan los centros de menores no se quieren constituir como patronal, que es lo necesario para poder empezar a negociar”, señaló por su parte Héctor García, el delegado de CGT en el comité de empresa en el Centro de Menores de Juslibol, que concretó que persiguen “un salario justo que te permita tener una vida digna sin estar pendiente de buscar otro puesto de trabajo después de haber estudiado una carrera” y tener una jornada laboral que te permite “la desconexión y el descanso mental”.

“Lo que queremos es sentarnos a negociar el convenio y hablar de datos concretos, pero de momento no ha habido forma de hablar con nadie de esto”, lamentó García que apuntó que estas condiciones laborales afectan a cerca de 600 educadores sociales de los 20 centros de menores de Aragón, que en su mayoría son de protección y pisos tutelados. También reclamó que se les reconozca la peligrosidad que tiene este trabajo y la penosidad, “que la tiene”. “Somos un sector pequeño y los datos son difusos, pero las mutuas no nos dan bajas”, criticó.

Por último, Héctor García avanzó que han trasladado a Izquierda Unida una propuesta de Proposición No de Ley para que se debata la situación de los centros de menores en sede parlamentaria.