Los responsables estatales de minería de UGT y CCOO, Víctor Fernández y José Luis Villares, registraron ayer una nueva carta dirigida al secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, en la que le exigen la reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón 2013-2018 que el responsable ministerial no convocó en su respuesta a la primera misiva que le enviaron los sindicatos cuando fue nombrado.
Las centrales recuerdan a Navia que la última reunión de la mesa del carbón estatal -formada por Ministerio, sindicatos y patronal minera- tuvo lugar hace 18 meses -cuando el Plan establece que se reuniría trimestralmente-, y le recuerdan que el PP "no tiene ya mayoría absoluta", por lo que no le permitirán "el mismo comportamiento que hasta ahora se ha tenido desde la Secretaría hacia el sector del carbón autóctono y las comarcas mineras de nuestro país".
En su primera carta, los sindicatos mineros exigían una reunión para hablar del "hueco térmico" del 7,5% para el carbón local en el mix energético que Nadal negó el martes en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. También le pedían la reactivación de las cuencas mineras y conocer al detalle la nueva ayuda de 10 euros por tonelada que el Gobierno pactó con la Comisión Europea. Además, le solicitaban la subsistencia de la minería competitiva más allá de 2018 y el refuerzo del sistema de protección de los trabajadores.
En su respuesta, Navia no fijó ninguna fecha para una reunión. Se limitó a transmitir el "máximo interés del Ministerio y, en particular, de la Secretaría de Estado de Energía, por abordar el futuro de los trabajadores y empresas del sector de la minería del carbón y el desarrollo alternativo de las comarcas mineras conjuntamente con los agentes y Administraciones públicas implicadas".
El secretario de Estado de Energía se comprometió a mantener el refuerzo de la protección para los trabajadores mediante prejubilaciones y bajas indemnizadas. También habló de buscar "fórmulas que permitan impulsar, en estrecha colaboración con las Comunidades Autónomas, proyectos alternativos para las comarcas mineras y una actividad minera competitiva".
Además, garantizó que seguirá habiendo ayudas a las mineras "para compensar sus pérdidas de acuerdo a lo establecido en la Decisión 787/2010/ UE" y explicó que, "en el acuerdo con la UE reflejado en la Decisión de 27 de mayo de 2016 por la que se aprueba el plan de cierre del Reino de España para la minería del sector, se ha autorizado para el periodo 2016-2018 una ayuda adicional a las empresas tanto de minería a cielo abierto como subterránea cuya cuantía en 2016 será de 10 euros por tonelada de carbón".
En esta segunda carta, los sindicatos instan al Gobierno a "acordar un frente común que nos permita a todas las partes ser más fuertes ante Bruselas para que sea una realidad la continuidad del sector más allá de 2019, o que ustedes mismos (por el Gobierno) defiendan su continuidad". UGT y CCOO insisten en que la Comisión Europea "dejó claro el 18 de noviembre que las decisiones sobre la clausura o no de las minas de carbón recae sobre los Estados miembros", por lo que "como dicen defender el sector, qué mejor que hacer todo esto para demostrarlo", instan al Ministerio.
"Quemar el último cartucho"
Para los sindicatos, la respuesta de Navia es insuficiente. Llama la atención que, en consonancia con lo que el ministro dijo el martes, el secretario no dedica ni una palabra al "hueco térmico" del 7,5% para el carbón nacional.
"Si al Gobierno no le preocupa la producción, apaga y vámonos", dijo el responsable de minería de UGT-Aragón, Francisco Montull, quien recordó que si la central térmica de Andorra funciona ahora a pleno rendimiento y Samca está vendiendo carbón de su stock a Endesa es por una situación extraordinaria derivada del parón de 20 nucleares en Francia.
Montull se mostró partidario de "quemar el último cartucho" y endurecer las movilizaciones para hacer ver al Gobierno que la situación actual que se vive en las minas "es un descalabro total" porque "estamos viendo que se despide gente, las contratas están todas en la calle e incluso el problema afecta a las contratas de las arcillas" de Estercuel, cuyos trabajadores han sido sustituidos por mineros del desmonte de carbón de Ariño.
Montull cargó contra el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, el cual se comprometió a interceder ante el Ministerio en favor de las cuencas.
Autor: Marcos Navarro / Alcañiz