Marco para el carbón 2019-2027: La última oportunidad para la reconversión de las comarcas mineras

Pese a que el sector del carbón y las comarcas mineras llevan desde 1990 inmersos en diversos planes de reestructuración y búsqueda de alternativas, el resultado para estos territorios ha sido la caída de la actividad y el empleo, con la consiguiente despoblación. Tres décadas después, las cuencas siguen dependiendo en demasía de un sector minero-eléctrico cuya estocada de muerte podría llegar en dos años con el cierre de la central térmica de Andorra. Han sido contadas las excepciones al fracaso de los planes de reconversión minera y ahora, con prisas, llega el momento de buscar fórmulas distintas para conseguir resultados diferentes. El recientemente firmado Acuerdo marco para la transición justa de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las comarcas mineras 2019-2027 supone un nuevo intento, tal vez el último, en la búsqueda de soluciones. 

Con el acuerdo, rubricado el pasado miércoles entre el Gobierno, los sindicatos CCOO, UGT y USO y la patronal Carbunión, se resuelve "la primera tarea urgente" que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo haberse encontrado encima de la mesa cuando llegó al Gobierno.

"Hemos trabajado con los agentes sociales para dar cumplimiento a la normativa comunitaria, encontrando a la vez la mejor respuesta posible a las necesidades de los trabajadores y de las comarcas. Nuestro propósito ha sido no dejar a nadie atrás", añadió la ministra, que subrayó además que el compromiso del Gobierno "es a largo plazo" y que esta firma es "solo el comienzo del diálogo".

Ribera aseguró que su propósito con respecto a la reconversión minera es “ir más lejos” porque “queremos innovar”. Su compromiso es “a largo plazo”, por lo que el Gobierno ofrece “la elaboración de Contratos de Transición Justa con el objetivo de ayudar a las comarcas a fijar el empleo del futuro con proyectos coherentes, ajustados a los contextos socioeconómicos y que desarrollen el potencial de las zonas”. 

En términos generales, el acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores, así como un fondo de 250 millones de euros, repartidos en cinco años (de 2019 a 2023), para apoyar iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras.

Estas ayudas se complementarán con un plan de choque específico para las zonas afectadas (Plan de Acción Urgente para las Comarcas Mineras) que incluye un plan de restauración de las explotaciones mineras, un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética, y la posibilidad de que las administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno estos Contratos de Transición Justa que movilizarán fondos para la creación y fijación de empleo y promoverán incentivos fiscales, entre otras medidas.

Además, el acuerdo dedica un apartado potencial de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) como vector del proceso de transición energética justa.

Sálvese quien pueda

El acuerdo da así respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión 2010/787/UE del Consejo Europeo, que obliga al cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018 antes de que finalice el presente año.

De esta manera, el pacto actualiza las medidas sociales adoptadas en el Real Decreto 676/2014 por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón.

Así, este ajuste permitirá que los trabajadores –sólo los de empresas matrices como Samca– afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional. Podrán prejubilarse los empleados con, al menos, 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado.

Mientras, el resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, con un tramo fijo y otro que variará en función de su antigüedad. En cualquier caso, los afectados por silicosis de primer grado verán incrementada la cuantía de su indemnización.

Por otro lado, los empleados no prejubilados –también los operarios de contratas- dispondrán de una bolsa de trabajo gestionada por el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), que facilitará acceso a cursos formativos y de orientación hacia nuevos yacimientos de empleo relacionados principalmente con una transición energética justa.

Piden que continúe el sector

El acuerdo contó finalmente con la rúbrica de la patronal Carbunión, a pesar de no compartir al 100% su contenido. "Hemos firmado pese a que no se recogen nuestros planteamientos de futuro y también porque tenemos el compromiso firme del secretario de Estado de Energía para seguir buscando la continuidad de las empresas que siguen explotando el carbón, pero como empresarios no aceptamos el final del sector", señaló el presidente de la patronal, Pedro Iglesia.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, indicó que el acuerdo “es un paso, pero no soluciona el problema integral de las cuencas”. En este sentido, recordó que en noviembre la ministra tiene previsto visitar las cuencas para “trabajar in situ sobre el problema y empezar a buscar soluciones”, tanto para el mantenimiento mínimo de la actividad en la térmica como para reindustrializar la zona. 

El presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Ramón Millán, no se mostró de acuerdo con “un cierre inmediato porque tendría un impacto socioeconómico tremendo”. 

Las mismas preocupaciones comparten municipios mineros como Ariño. Su alcalde, Joaquín Noé, valora el esfuerzo que han hecho los sindicatos para dar la mejor salida a los trabajadores en una situación de máxima incertidumbre con respecto a la continuidad de la térmica de Andorra, propiedad de Endesa, a la que Samca suministra toda su producción.

Sin embargo, Noé echó en falta concreción en el plan en cuanto al sector, pues la zona quiere seguir viviendo del carbón, máxime cuando en 2017 el 17,2% de la energía del país fue generada con lignitos, hullas y antracitas –solo un 2,3% era mineral nacional-. 

La Asociación de Comarcas Mineras (Acom) pedirá este lunes al IRMC estar representada en la Comisión de Seguimiento del acuerdo marco para defender la reindustrialización de sus municipios. En este sentido, pedirá un reparto de fondos “con criterios técnicos” y dirigido a proyectos estratégicos como pueda ser el balneario de Ariño en la cuenca turolense, pendiente de una ampliación que el aún vigente plan Miner no ha agilizado. 

El texto pone de manifiesto los incumplimientos del Miner actual

Los prolegómenos del nuevo plan reconocen que el marco de actuación 2013-2018 no ha sido capaz de evitar el aumento de la despoblación y la caída de la actividad y el empleo en las comarcas mineras.

Lo único que se ha cumplido son las prejubilaciones, de las que hasta la fecha se han beneficiado 804 mineros. Las bajas indemnizadas se han resuelto a peor ritmo, pues hay 645 concedidas pero tan solo 231 abonadas. Se prevé un coste de 23 millones de euros. El cose de las prejubilaciones, sistema en el que los trabajadores permanecen entre 12 y 14 años, se acerca a los 300 millones de euros. 

Las ayudas a la producción han supuesto 126,1 millones de euros. Samca, entre la mina de interior y el cielo abierto, obtuvo 31 millones entre 2013 y 2016, mientras que Compañía General Minera ingresó 725.000 euros. 

En cuanto a los cierres de minas, el Estado ha convocado ayudas por valor de 65 millones de euros, de los que Endesa Generación se benefició de 8 millones y Samca de 2,8.

Ha habido incumplimientos en reactivación tanto en las convocatorias de infraestructuras como de proyectos empresariales. El caso más flagrante es el primero, pues pese a que Comunidades como Aragón tienen hecha su lista de prioridades desde hace año y medio, todavía no se han liberado los fondos. Estaban cuantificados en 250 millones de euros, pero las comarcas mineras tendrán que conformarse con 133. 

En cuanto a los proyectos empresariales, un total de 188 pequeños proyectos de inversión (MINIMIS) recibieron 9,5 millones de euros (frente a los 12 millones convocados) para crear 327 empleos. Ochenta y ocho fueron los grandes proyectos que crearán 908 empleos con 36,59 millones (frente a los 149 convocados).

Del total, 15 millones recalaron en Aragón.