El Gobierno ofrece más prejubilaciones a cambio de cerrar las minas en 2018

Más prejubilaciones a cambio de cerrar las minas de carbón autóctono antes del próximo 31 de diciembre. Esta es la propuesta que el Ministerio para la Transición Ecológica ha extendido a los sindicatos mineros CCOO y UGT y que hoy tratará de hacer valer en la reunión que mantendrá con ellos en Madrid. El Gobierno está dispuesto a acabar con las explotaciones carboneras y, por ende, con las centrales térmicas que dependen de mineral local. En contraprestación, ofrece el llamado Plan de Acción Urgente para la Transición Justa 2018-2021 que promoverá una economía alternativa en las cuencas mineras.

El gabinete que preside la ministra Teresa Ribera no negociará con la Unión Europea la Decisión que en el año 2010 ya fijó 2018 como fecha de cierre para las minas deficitarias, que establecía que las que continuaran más allá del próximo 31 de diciembre tendrían que devolver las ayudas.

La principal minera turolense, Samca, está dispuesta a devolverlas (el coste ascendería a algo más de 7 millones de euros) para mantener en funcionamiento sus cielos abiertos; una decisión que sin garantías de continuidad de la térmica no tomará. No obstante, el mazazo para la minería asturiana y leonesa sería tremendo. No quedaría títere con cabeza.

A cambio de este quebranto socioeconómico, tal y como adelantó ayer el periódico digital leonoticias.com y confirmaron los sindicatos mineros a Diario de Teruel, el Ministerio se despacha con un documento, el llamado Acuerdo de medidas excepcionales para una transición justa de la minería del carbón y las comarcas mineras que fija el próximo 31 de diciembre como fecha de cierre de la minería española.

El Gobierno asume el “alto nivel” de dependencia económica del sector minero en León, Asturias y Teruel –recoge el diario digital leonés– a pesar de los “esfuerzos” realizados en los distintos Planes del Carbón, por lo que entiende “urgente y esencial” paliar la repercusión inminente del cierre de las minas no competitivas.

En primer lugar, pretende ampliar el número de trabajadores susceptibles de prejubilarse respecto a lo que indica el Plan 2013-2018. Según el citado documento, podrían dejar de trabajar antes del 31 de diciembre operarios de 50 o más años de edad con al menos tres años de antigüedad en la empresa y un mínimo de nueve años cotizados en el régimen especial de la minería del carbón.

Los trabajadores que no pudieran prejubilarse podrían pedir bajas indemnizadas voluntarias a razón de 10.000 euros lineales más 35 días por año trabajado con un máximo de 30 mensualidades. El pago se incrementaría en 26.000 euros en caso de trabajadores silicóticos de primer grado.

Reconversión

El segundo eje de este Acuerdo de medidas excepcionales para una transición justa de la minería del carbón y las comarcas mineras sería el Plan de Acción Urgente, que se consensuaría con Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y agentes económicos y sociales.

Promovería una economía alternativa en las cuencas mineras con planes de reindustrialización y energías renovables. Este era el plan al que se refirió el pasado martes la ministra durante su intervención en la jornada La Transición Energética y el Empleo, organizada por el Club Español de la Energía y la Organización Internacional del Trabajo.

Ribera señaló que se pondrán en marcha los llamados “contratos de transición”, negociados y pactados con las administraciones locales y agentes económicos y sociales de las zonas afectadas, un modelo similar al ya aplicado en cuencas mineras de Francia, Alemania y Reino Unido.

Por otra parte, indicó que se debe prestar atención a los sectores generadores de empleo como consecuencia de la transición energética. “Tenemos muchísimo que ganar si apostamos por la transformación de la economía y una transición bien diseñada”, añadió Ribera, quien señaló que los recursos que ahora se destinan a la importación de combustibles fósiles se podrían redirigir a crear empleo. Además, recordó que, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por cada empleo (unos 6 millones en todo el mundo) que se pierda con la transición energética se crearán cuatro (24 millones en total), si bien reconoció que no todos se producirán en los mismos lugares, por lo que hay que hacer una labor de anticipación.

Subrayó que los impactos negativos que han sufrido en el empleo sectores como el carbón no se han debido únicamente a razones ambientales, sino a la competitividad del carbón de otros países, la retirada de ayudas de Estado y la aparición de tecnologías energéticas más baratas.

Asimismo, destacó la importancia de acometer la transición energética, pues la “inacción” que ha habido hasta ahora ha hecho que no se hayan creado empleos en eficiencia energética.