Los vecinos turolenses reclaman soluciones para garantizar la comunicación diaria por autobús con Madrid

La Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando de Teruel instará al Gobierno de Aragón a que garantice la comunicación en el día con Madrid mediante transporte público, después de que durante el último año se hayan ido perdiendo servicios y desde mayo no haya posibilidades de regresar de la capital de España por las tardes. El asunto será abordado en la próxima junta directiva del movimiento vecinal a celebrar la próxima semana, después de que hayan recibido quejas de ciudadanos por la pérdida de este servicio.
El presidente de la Federación de Vecinos, Pepe Polo, recordó que desde que comenzaron a perderse lo servicios de transporte público con Madrid han estado reivindicando la implicación de las administraciones, sobre todo después de que en primavera el Ejecutivo aragonés liquidara el convenio que tenía con la anterior concesionaria de la línea tras adjudicarla Fomento a otra empresa.
“Se nos ha cortado la comunicación con Madrid y no se puede ir y volver en el día a realizar una gestión”, recordó Polo, quien apuntó que al menos mientras estuvo vigente el convenio existía esa posibilidad de hacerlo los lunes, miércoles y viernes.
Para garantizar el transporte público con Madrid, a mediados de la década pasada el Gobierno de Aragón suscribió un convenio con la empresa concesionaria entonces de la línea de autobuses, Samar, para que los lunes, miércoles y viernes circulara un autobús directo que salía a primera hora de la mañana de Teruel y regresaba a las seis y media de la tarde de la capital de España.
El autobús salía a la ida a las seis y media de la mañana y llegaba a Madrid a las diez, de manera que permitía realizar gestiones durante todo el día y regresar a última hora de la tarde. Además, la concesionaria disponía de un autobús que regresaba todos los días a las cinco de la tarde.
La situación empezó a cambiar a finales del año pasado cuando la anterior concesionaria, que tenía prorrogada la adjudicación a la espera de que se resolviera la nueva, eliminó los autobuses de vuelta de las 17 horas, de manera que solo quedaron los de las 18:30 del convenio con el Gobierno de Aragón tres días a la semana.
En mayo, cuando la nueva empresa adjudicataria de la concesión, IRB, comenzó a prestar el servicio, la DGA aprovechó para  zanjar el acuerdo que mantenía con la anterior, de manera que dejaron de prestarse los servicios directos que había tres días a la semana, además de quedar Teruel incomunicada por completo con Madrid mediante transporte público por las tardes.
Polo comentó que después de aquello “ya nadie puede ir y volver en el día a Madrid”, y que quienes tienen que hacerlo suelen desplazarse con vehículo propio hasta Calatayud para tomar allí el AVE, o bien recurrir a plataformas para intentar compartir coche con otras personas.
A la Federación de Vecinos le están llegando quejas porque garantizar el transporte público es fundamental en cuestiones como la lucha contra la despoblación, ya que la movilidad es algo fundamental.
En este sentido, el presidente de la Federación anunció que van a retomar esta reivindicación al haber vecinos que así se lo han pedido y ser un derecho de la población turolense. El asunto lo abordarán en la junta directiva que celebrarán el próximo miércoles, día 5, que será la primera tras el paréntesis vacacional.

Reeditar el convenio
A la espera de lo que acuerde la junta, Polo se mostró partidario de que el Gobierno de Aragón reedite el convenio que había porque, según manifestó, “estadísticamente seremos pocos, pero ser pocos no resta derechos”.
Actualmente el último autobús de Madrid entre semana sale a las dos de la tarde, mientras que el primero de la mañana llega a las 11:45, con lo cual no hay opción de poder realizar ningún tipo de gestión en el día.
“Esto nos ha condenado a la incomunicación”, dijo Polo, quien opinó que el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, “debe mover ficha porque no nos podemos quedar sin servicios porque los coge poca gente”.
Hasta la fecha el Ejecutivo aragonés ha argumentado que se trata de una línea estatal que cruza por varias comunidades autónomas y por tanto es competencia del Ministerio de Fomento. Polo no dudó en que así es, pero recordó que la Comunidad Autónoma es la administración más cercana y que debería hablar no solo con el Estado sino con el resto de las autonomías que se benefician de ese servicio como es Castilla-La Mancha.
“Que hablen entre ellos y que hagan gestión entre instituciones, porque Guadalajara y Teruel son territorios afectados por la despoblación a los que no se atiende en su movilidad”, comentó el presidente de la Federación de Vecinos, quien apuntó que problema económico no es porque la DGA tiene de dónde disponer fondos para recuperar el convenio.
En este sentido, se refirió al dinero que el Ejecutivo aragonés destina a pagar pluses a 44 ex altos cargos de la Administración que cobran un plus vitalicio, tal como denunció CCOO la semana pasada, y que a pesar de haberse comprometido a suprimirlos el actual consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, se siguen pagando.

Disponibilidad económica
Polo comentó que parte de ese dinero se podría destinar a mantener el convenio para garantizar la movilidad de los turolenses con la capital de España. “Como cuando proponemos algo nos piden de dónde sacar el dinero, pues se lo decimos, de ese plus a 44 ex altos cargos”, indicó el presidente de la Federación de Barrios de Teruel.
Desde la plataforma ciudadana La Otra Guadalajara, Miguel Yukón también se mostró partidario de que las distintas administraciones colaboren y se pongan de acuerdo entre ellas para garantizar la prestación de servicios, ya que los recortes de horarios en el autobús también les afecta a ellos.
“El problema es gordo para toda la línea porque se han quitado bastante autobuses y la gente no puede ir en el día a hacer una gestión al hospital de Guadalajara”, comentó Yukón, quien reconoció que la línea es competencia de Fomento pero las instituciones deben colaborar entre ellas para dar soluciones. “Aunque seamos menos habitantes tenemos los mismos derechos”, argumentó.