Ribera ve “imposible” que haya centrales de carbón eficientes después de 2030

El Gobierno de España considera “prácticamente imposible” que después de 2030 haya “ninguna central de carbón eficiente desde el punto de vista económico” en Europa, dado el marco regulatorio actual. En una entrevista publicada por el diario El País este lunes, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha pronunciado de manera clara y sin ambages en relación al futuro del sector minero-eléctrico. Aunque deja abierta la puerta a que haya “alguna excepción”, reconoce que incluso si el Gobierno “no hiciera nada, es ilusorio pensar que las centrales -de carbón- puedan pervivir después de esa fecha”.

Teresa Ribera considera “obvio” que, con respecto al carbón, “las políticas comunitarias vayan dejando fuera de rentabilidad determinadas inversiones energéticas”. También que la reducción de emisiones de efecto invernadero a las que se ha comprometido España pasan por dejar de quemar combustibles fósiles: “si no avanzamos en la reducción de las emisiones donde son más intensas, como es el caso del carbón, habrá que avanzar en reducción de emisiones en otros campos” como son la agricultura, el transporte o a la vivienda,   y en estos sectores, dice la ministra, “es mucho más costoso, difícil y se tarda más tiempo”. 

La responsable de Energía y Medio Ambiente anuncia que el potencial térmico del carbón En España se irá “cerrando de manera razonable” y que “no se puede hacer de cualquier manera”.

El sector minero, finiquitado

En cuanto a la minería del carbón, la ministra afirma que “ya no hay más que hacer” más que “trabajar con las personas, los sindicatos y los trabajadores, a los que todavía no se les ha ofrecido con seriedad una alternativa” por parte del anterior Gobierno, critica Ribera, quien puntualiza en esta entrevista que “la minería está cerrada previamente a nuestra llegada”, por lo que el debate en esta cuestión “es estéril y crispa donde no debería”.

Hay que recordar que el 31 de diciembre de este año termina el plazo fijado en la Decisión 2010/787 de la Unión Europea (UE) para la continuidad de las explotaciones de carbón. A partir del 1 de enero de 2019 solo podrán permanecer abiertas aquellas que sean rentables, porque ya no habrá más ayudas públicas. Faltan seis meses para llegar al periodo final marcado por la Decisión de 2010 y que ha supuesto una reducción paulatina de subvenciones públicas a las empresas extractoras de carbón, que han ido perdiendo ayudas por tonelada de carbón extraída (un 25% menos en 2013; un 40% menos en 2015; un 60% menos en 2016 y finalmente un 75% menos en 2017). 

Todas las empresas que hayan recibido subvenciones en este periodo deberán poner fin a su actividad el 31 de diciembre próximo de manera irrevocable y en caso de que no lo hagan deberán devolver todas las ayudas percibidas. Según la Decisión, queda en manos de los Estados miembros la concesión de otros tipo de subvenciones hasta 2027 para la recolocación de trabajadores, prejubilaciones, rehabilitación y limpieza de explotaciones, etc.

En este contexto normativo que tiene su origen en 2010, la ministra de Transición Ecológica sólo ve una solución para las comarcas mineras, y ésta pasa por ir hacia lo que califica como  “apuestas ganadoras” que ofrezcan “posibilidades de futuro a todos los trabajadores”, que deberán transitar hacia una “capacitación y recualificación profesional”, ya que no ve posibilidades de futuro en el mismo sector minero eléctrico. Según la ministra, “muy pronto” se verá con los sindicatos del sector, a los que advierte de que “hay una visión de conjunto en la transición ecológica que va más allá de la visión sectorial de algunas secciones sindicales”.

Ganadores y perdedores

Sin concretar qué sectores pueden tomar el relevo a la minería del carbón en las comarcas que han dependido durante décadas del monocultivo minero-eléctrico, la ministra aboga por “soluciones locales que permitan un futuro económico inversor, solidario que dé perspectivas de estabilidad para la gente que vive allí”. Reconoce que “va a haber ganadores y perdedores en este cambio tan importante de la economía, pero lo que hay que facilitar es que todo el mundo encuentre un espacio”. En este sentido, afirma que “uno de los grandes problemas de España es la pérdida de población y lo que deberíamos plantearnos es qué tipo de servicios, de incentivos, pueden dar un futuro para la gente joven y el conjunto de la población” de las comarcas mineras. 

Aunque reconoce que “no es fácil” encontrar un sustitutivo del carbón, señala que “es importante que se haga desde la cercanía. Hay que ofrecer un futuro, y no solo decir que se mantenga lo que hay, aunque no tenga ningún sentido.

Compromiso ecológico

En relación al cumplimiento de los compromisos adquiridos por España en los Acuerdos de París de reducción de las emisiones de CO2, la ministra se muestra tajante y a favor de reducir en 2030 al menos en un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a las cifras de hoy, algo que irá en detrimento claramente de la energía producida a partir del carbón, según reconoce.

Hay que tener en cuenta que en 2017, las emisiones de CO2 derivadas de la generación eléctrica tuvieron un repunte en España por la menor participación de las renovables en el sistema eléctrico y el mayor peso del carbón, según se desprende del Informe del sector eléctrico que publicó la semana pasada red Eléctrica de España. El informe estima que en 2017 se generaron 74,9 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, un 17,9 % más que las registradas en 2016. 

En cuanto a la Ley de Cambio climático, Ribera anuncia que pretende aprobarla en lo que queda de legislatura (dos años), que quiere remitirla al Parlamento antes de final de éste y presentar el primer borrador este mes de julio, ya que considera este texto “fundamental para orientar las grandes decisiones de inversión”. Además,confía en que habrá “mayoría para respaldarla” en el Congreso .