Competencia se opone al real decreto de Nadal sobre el cierre de centrales térmicas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha rechazado el proyecto de real decreto que pretende aprobar el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que endurece las condiciones para autorizar el cierre de centrales de generación eléctrica como la de Andorra, al considerar que introduce "una excesiva discrecionalidad y crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducente para la competencia en el sector eléctrico".

El Gobierno activó el procedimiento para aprobar el real decreto para endurecer las condiciones para el cierre de centrales el pasado mes de noviembre, después de que Iberdrola solicitara la clausura para sus plantas de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia).

En su informe sobre la propuesta de normativa, el organismo presidido por José María Marín Quemada subraya que el real decreto introduce nuevos criterios para denegar el cierre de las centrales, adicionales al de seguridad de suministro, como son que no afecte negativamente a los precios, a la competencia, al suministro de materias primas o a los objetivos de planificación, exigencias que ni la Ley del Sector Eléctrico ni la normativa europea contemplan.

El ministerio plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado, solución que, en última instancia, podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación.

Así, según informa Europa Press, la CNMC considera que estos criterios adicionales no están incluidos en la Ley del sector eléctrico y podrían ir en contra de la normativa europea recogida en la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento relativo al mercado interior planteado en el conocido como Paquete de Invierno.

En lo que se refiere al mecanismo de subasta que propone el Ministerio en la normativa, la CNMC cree que es "muy complejo" y considera que la compensación a un tercero por mantener una central si la subasta queda desierta sería una ayuda de Estado conforme a la normativa europea, "lo cual aconseja que se notifique previamente la propuesta a la Comisión Europea".

No ve problemas de seguridad de suministro

Asimismo, la CNMC recuerda que el sistema eléctrico español no presenta problemas de seguridad de suministro en el medio y largo plazo, sino todo lo contrario.

Así, en el peor escenario (punta de demanda de 46.000 megavatios (MW) y baja generación), se podría prescindir sin riesgo de casi 3.000 MW hasta 2020, es decir, cerca de un 30 por 100 del parque de carbón existente.

Esta cifra llega a alcanzar los 5.000 MW (en torno al 50 por 100 del parque de carbón) si se considera el escenario más favorable, según el informe. A estos cálculos habría que sumar adicionalmente 3.000 MW de potencia interrumpible.

En el caso de las dos centrales térmicas de Lada y Velilla para las que Iberdrola ha solicitado al Ministerio de Energía su cierre, suman una potencia de 874 MW.

En un análisis de más largo plazo -en el horizonte 2020-2030-, en su informe la CNMC señala que no resultaría necesario incorporar nueva capacidad de producción hasta el año 2021, dando por supuesto el mantenimiento del parque operativo actual.

Posteriormente, se requerirá capacidad adicional en función de la senda que siga la retirada de tecnologías convencionales - en particular la tecnología nuclear y las centrales de carbón- y el crecimiento de la demanda.

Así, por ejemplo, en un escenario en el que la demanda creciera en este horizonte en el entorno de un 1% anual, y el parque de generación actual- excepto la mitad de las centrales de carbón- se mantuviera operativo, no resultaría necesaria nueva capacidad hasta 2028.

Por ello, la CNMC considera que el exceso de capacidad debería analizarse sin precipitación y teniendo en cuenta que los consumidores españoles, desde la liberación del sector eléctrico, han sufragado importantes pagos por la disponibilidad de centrales y otros conceptos.

De esta manera, el organismo presidido por José María Marín Quemada cree que para evaluar el impacto del cierre de centrales en el sistema eléctrico es necesario revisar el marco normativo de forma global: metodología de seguridad de suministro, hibernación de centrales, mecanismo de pagos por capacidad, y el procedimiento de autorización de nuevas instalaciones.