Asamblea Abierta convocará una reunión para crear una plataforma por el agua

Asamblea Abierta de Andorra convocará una reunión vecinal la segunda quincena de febrero para constituir una plataforma ciudadana en defensa de la calidad del agua en la localidad después de que el Ayuntamiento de Andorra haya reducido las sanciones a la concesionaria del abastecimiento y alcantarillado, Aragonesa de Servicios Públicos, tras perder un juicio con ella. 

Según informó DIARIO DE TERUEL el 15 de enero, el Consistorio ha reducido de 18.346,56 euros a 2.600 euros la tercera batería de sanciones que impuso, por incumplimientos del contrato, a la empresa. Sin embargo, los vecinos siguen sin beber agua del grifo y la elevada dureza de la cal hace que sus electrodomésticos se estropeen con frecuencia, por lo que están dispuestos a tomar medidas.

Tras las últimas conversaciones entre los vecinos más activos en esta problemática y Asamblea Abierta, esta agrupación, con un concejal en el Ayuntamiento y contraria a la política en materia de ciclo del agua que sigue el equipo de gobierno (IU) tras la dimisión del exconcejal del ramo, Ramón López (PSOE), promueve la constitución de esta plataforma.

El asambleario Andrés Cucalón explicó que, desde que López presentara públicamente la auditoría del servicio de aguas en junio de 2017 hasta ahora “han ido pasando los meses y nadie ha dado el primer paso”, por lo que el movimiento ciudadano de protesta “tenía visos de quedarse en agua de borrajas”. 

A petición de Gustavo Mañas y Juan Carlos Becerra, dos de los andorranos más activos en redes sociales en la denuncia de la problemática, Asamblea convoca esta reunión con la que se pretende “que salga constituida la plataforma” y nombrados sus portavoces, con el objetivo de estudiar “qué se puede hacer de aquí al año 2021 en que acaba el contrato”, indicó Cucalón.

Preguntado por si es posible rescindir el contrato con Aragonesa, el asambleario dijo que los motivos para hacerlo tienen que ser “muy serios” porque el caso acabaría en los tribunales y, de perderlo, el Ayuntamiento podría tener que hacer frente a una indemnización importante. Por tanto, abogó por realizar una labor de control a la empresa. 

La alcaldesa, Sofía Ciércoles, explicó a este diario que el Ayuntamiento perdió el primer contencioso administrativo con Aragonesa de Servicios Públicos y que el segundo llevaba mal camino, por lo que los servicios jurídicos municipales recomendaron dejar pasar el segundo expediente sancionador. Para el tercero han preferido formalizar sanciones por valor de 2.600 euros que la empresa habría asumido.

“Hay que tener sensatez” porque, además, de remunicipalizar el servicio “el Ayuntamiento no tiene preparada infraestructura hoy por hoy”. 

Cucalón aseguró que la empresa no contestó las más de cien quejas que presentaron los vecinos alentados por la auditoría.

Por último, Asamblea Abierta argumentó su abstención en la votación para rebajar la sanción a la concesionaria en que los servicios jurídicos del Ayuntamiento avalaron, en el plazo de nueve meses, tanto una sanción dura como una más ligera. “No puede ser que por el medio hagamos un pacto de pasillo” con la empresa, criticó Cucalón.

16.000 euros de rebaja

El pleno del Ayuntamiento decidió en diciembre (con los votos a favor de IU, CHA, PAR y PP y las abstenciones de PSOE y Asamblea Abierta) estimar en parte el recurso de reposición interpuesto por la concesionaria contra el acuerdo de pleno del 27 de marzo de 2017 por el que se desestimaban las alegaciones de la empresa y se le sancionaba con 18.346,56 euros.

En concreto, tres faltas graves pasan a ser leves, disminuyendo ostensiblemente su importe (de 4.549,14 euros a sólo 200). Se penaliza que Aragonesa de Servicios Públicos no entregara el informe mensual de las actuaciones realizadas más relevantes ni las quejas que hacen los vecinos sobre el agua que reciben, y que no indicara el agua no registrada (la que se pierde por las cañerías en el subsuelo).

El Consistorio mantiene como falta grave no cumplir con la limpieza preventiva de registros y sumideros, si bien rebaja la sanción de 4.549,14 euros a 2.000 euros.

Por último, no se sancionará a la empresa con una falta leve de 150 euros porque no celebrar las comisiones de seguimiento periódicas entre el Ayuntamiento y la empresa es responsabilidad de ambas partes. 

El 27 de marzo era la tercera vez en menos de un año que el Ayuntamiento imponía varias sanciones formales a la empresa.