Andorra reduce las sanciones a la empresa del agua tras perder un juicio

El Ayuntamiento de Andorra ha reducido de 18.346,56 euros a 2.600 euros la tercera batería de sanciones que impuso, por incumplimientos del contrato, a la empresa gestora del servicio de abastecimiento de agua de boca y alcantarillado de la localidad, Aragonesa de Servicios Públicos. Además, el segundo bloque de multas se ha echado para atrás después de que el Consistorio perdiera el primer juicio con la concesionaria.

Con la rebaja de las sanciones, aprobada en pleno el pasado mes de diciembre sin votos en contra, el Consistorio reduce la presión sobre la concesionaria, con contrato hasta 2021, después de perder el primer recurso contencioso administrativo por la primera de las tres baterías de recargos que le impuso. 

Este toque de atención judicial, unido a la dimisión hace seis meses del exconcejal socialista delegado del Ciclo del Agua, Ramón López, disminuye las expectativas de que el contrato pueda ser rescindido aunque los andorranos siguen sufriendo pieles atópicas, tienen que comprar agua embotellada y sus electrodomésticos acumulan kilos de cal incrustada debido a la dureza del agua.

“No quiero ir más a juicio porque vamos a salir escaldadas ambas partes”, aseguró la alcaldesa, Sofía Ciércoles (IU), que tras la dimisión de López en junio de 2017 asumió la cartera de Ciclo del Agua.

La regidora reconoció que el Ayuntamiento perdió el primer contencioso administrativo con Aragonesa de Servicios Públicos y que el segundo llevaba mal camino, por lo que los servicios jurídicos municipales recomendaron dejar pasar el segundo expediente sancionador. Para el tercero han preferido formalizar sanciones por valor de 2.600 euros que la empresa habría asumido, pues por el momento no ha presentado ningún recurso.

La alcaldesa, que nunca estuvo de acuerdo con los planteamientos beligerantes de López aunque IU apoyó todas las sanciones que el PSOE llevaba a pleno, afirma que el Ayuntamiento puede “sancionar por cuestiones pequeñas pero no hay un incumplimiento grave del contrato”. La concesionaria “no tiene obligación” de hacer grandes inversiones, sino únicamente encargarse de “averías, emergencias, limpieza de pluviales y mantenimiento de la potabilizadora”, enumeró la regidora.

Solo dos abstenciones

De esta forma, el pleno del Ayuntamiento decidió en diciembre (con los votos a favor de IU, CHA, PAR y PP y las abstenciones de PSOE y Asamblea Abierta de Andorra) estimar en parte el recurso de reposición interpuesto por la concesionaria contra el acuerdo de pleno del 27 de marzo de 2017 por el que se desestimaban las alegaciones de la empresa y se le sancionaba con 18.346,56 euros.

En concreto, tres faltas graves pasan a ser leves, disminuyendo ostensiblemente su importe (de 4.549,14 euros a sólo 200). Se penaliza que Aragonesa de Servicios Públicos no entregara el informe mensual de las actuaciones realizadas más relevantes ni las quejas que hacen los vecinos sobre el agua que reciben, y que no indicara el agua no registrada (la que se pierde por las cañerías en el subsuelo).

El Consistorio mantiene como falta grave no cumplir con la limpieza preventiva de registros y sumideros, si bien rebaja la sanción de 4.549,14 euros a 2.000 euros.

Por último, no se sancionará a la empresa con una falta leve de 150 euros porque no celebrar las comisiones de seguimiento periódicas entre el Ayuntamiento y la empresa es responsabilidad de ambas partes. 

Tres baterías de sanciones

El 27 de marzo de 2017 era la tercera vez en menos de un año que el Ayuntamiento imponía varias sanciones formales a la empresa. Un mes antes le castigó con dos faltas graves por obstruir la labor de la auditoría que el Consistorio contrató y a la que el dimitido López se aferraba para seguir imponiendo sanciones que acabaran con la rescisión del contrato. En aquella ocasión también se impuso a la concesionaria dos faltas leves por seguir sin técnico especialista residente en Andorra y permitir la salida a otros municipios de los trabajadores del servicio vinculados a la explotación de Andorra.

Estas mismas sanciones le habían llegado a Aragonesa de Servicios Públicos meses antes a través del primer expediente sancionador, que además culpaba a la compañía de la mala calidad y escaso caudal del agua de boca.

“La señora alcaldesa apuesta por seguir igual con el servicio de agua y esperar a que llegue el año 2021, cuando finaliza el contrato, mientras que este concejal considera que no debemos seguir haciéndole el juego a la empresa y tenemos que pasar a la acción”, argumentaba López en su comunicado de despedida.

Según el exconcejal delegado del Ciclo del Agua, la auditoría desvelaba que “no deberíamos haber aceptado ninguna de las prórrogas” del contrato porque la empresa habría incumplido el mismo desde el principio.

Además, López indicaba que la auditoría “confirma que el agua no registrada ha estado muy por encima del valor permitido”, lo que “ha repercutido en sobreexplotación de acuíferos”, afectando finalmente “a la calidad y al precio del agua”.

En tercer lugar, la dureza del agua se mantenía en valores que, si bien están en los parámetros legales, dañan electrodomésticos que acumulan kilos de cal y causan problemas de salud a los vecinos, que apenas beben agua del grifo y tienen que comprarla embotellada.

La alcaldesa defiende que las inversiones mejorarán la calidad

Ciércoles asegura que con las inversiones en el pozo gemelo de La Estación y la planta de inyección de CO2 el agua de Andorra mejorará notablemente, reduciendo sus niveles de dureza e incrustabilidad.

En cuanto al nuevo pozo de La Estación, el Ayuntamiento ha adjudicado la obra por 128.000 euros (más IVA), financiados por el Fondo de Inversión Municipal (FIM) de la Diputación Provincial de Teruel. La actuación permitirá mejorar “el caudal y la calidad” del agua. Con esta infraestructura, que estará acabada a finales de marzo, se espera tener que recurrir lo menos posible al pozo de San Juan, que es el que más sulfatos presenta. El nuevo abastecimiento se sumará al Miner 1, puesto en marcha recientemente.

Otra de las apuestas del Ayuntamiento es la planta de inyección de CO2, que con una inversión de 60.000 euros financiada por el Instituto Aragonés del Agua reducirá la dureza del líquido elemento y la incrustabilidad de la cal en tuberías y electrodomésticos. Pese a que “está finalizada y funciona correctamente”, el Consistorio todavía no tiene la autorización de Sanidad del Gobierno de Aragón para ponerla en marcha, si bien llegará este mes.

La alcaldesa de Andorra puso también en valor que las obras en la calle Fuentecilla contribuirán a mejorar el saneamiento, y reconoció que si otras calles –puso Sevilla como ejemplo– tienen constantes fugas se debe a que sus tuberías son antiguas y requieren de inversión municipal.

Por otra parte, sigue atascada la puesta en marcha del nuevo rebombeo, una obra de 70.000 euros que salió mal porque las bombas se rompieron nada más instalarse. El Ayuntamiento negocia una solución amistosa con dirección de obra y empresa contratista, que se culpan mutuamente.