Miércoles, 08 Agosto 2012
Los 'sin papeles' deberán pagar para tener asistencia sanitaria pública
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas estudian una vía para que los inmigrantes sin papeles, que desde el próximo 1 de septiembre se quedarán sin cobertura sanitaria, paguen por recibirla en la sanidad pública mediante convenios. La asistencia básica, es decir, urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y postparto y asistencia a menores de 18 años, se mantiene para todos los ciudadanos, incluidos los que están en situación irregular.
Según explicó ayer Sanidad, se trata del desarrollo del Real Decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 4 de agosto. Esta norma establece que las personas que no reúnan la condición de asegurado o beneficiario del sistema podrán formalizar convenios especiales de asistencia sanitaria.
Según publicaba ayer el diario El País, en virtud de estos convenios, los extranjeros sin papeles tendrían que abonar 710 euros al año para recibir asistencia en la Sanidad pública, si bien la cifra se duplicaría hasta los 1.864,80 anuales en el caso de los mayores de 65 años.
Fuentes del Ministerio de Sanidad explicaron ayer que “la cuantía de la suscripción de los convenios se ha calculado de acuerdo a la metodología oficial de cálculo de coste de asistencia sanitaria por ciudadanos, que es la misma aplicada a la facturación por la asistencia sanitaria prestada a ciudadanos de otros países europeos”.
Los convenios están dirigidos a los españoles que nunca hayan trabajado y que tengan ingresos superiores a los 100.000 euros al año, es decir, los llamados “rentistas”; a los europeos que voluntariamente quieran suscribirlos para ser atendidos por el sistema sanitario público español y a nacionales de terceros países que durante su estancia en España quieran formalizar el convenio para ser atendidos por el sistema público. En el caso de los inmigrantes sin papeles, el Gobierno se limita a recordarles “la necesidad de que regularicen su situación”.
El PP invita al regresoEl portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso y diputado del PP por Almería, Rafael Hernando, explicó que los convenios sanitarios que tendrán que suscribir los inmigrantes sin papeles para poder recibir asistencia en la Sanidad pública española tienen como finalidad que España “deje de ser el paraíso de la inmigración ilegal”.
Hernando señaló que “los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es entrar legalmente en España. Este país no puede seguir soportando ser el escenario principal de la inmigración ilegal, de la entrada de inmigrantes ilegales del conjunto de la UE y en esto coincido con algunas reflexiones que hicieron en el seno del anterior gobierno”, reflexionó.
PSOE: “Es inaceptable”Por su parte, la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, se mostró “absolutamente en contra” de cobrar a los inmigrantes sin papeles por la sanidad tal y aseguró que la sociedad “no va a tolerar el déficit moral” y la presión va a conseguir que el Gobierno rectifique”.
A pesar de que este Decreto ya ha sido modificado con anterioridad, siendo “uno de los mas rectificados de la Democracia”, la situación actual no satisface a la portavoz del PSOE porque los inmigrantes continúan “sin cobertura sanitaria”, lo que considera “injusto, insolidario y, desde el punto de vista moral, inaceptable”, dijo Rodríguez.
IU: “El Gobierno es racista”En la misma línea, el portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, aseguró que es un “escándalo” que se pretenda limitar a los inmigrantes sin papeles el acceso a la sanidad pública y calificó al Gobierno de “racista y prepotente” por intentar excluir a este colectivo de la asistencia sanitaria.
A juicio de Llamazares, esta medida supone un “intento de criminalización” a los inmigrantes para hacerlos “culpables” del “despilfarro” sanitario que se ha producido durante años en España y, avisó de que la sociedad española se está enfrentando a lo que puede ser “la puesta en práctica” del modelo “privatizador, de aseguramiento, del PP” frente al modelo universal de Sanidad.
