El permiso para cazar ciervos en los Montes Universales divide a alcaldes y cazadores

La resolución para cazar fuera de la época permitida en la Reserva de los Montes Universales con el fin de reducir la población de ciervos y, con ello, los daños en los cultivos ha causado una gran polémica en la Sierra de Albarracín en las primeras horas tras su aplicación. La nueva norma del Gobierno de Aragón que autoriza cazar ciervas en las fincas agrícolas entró en vigor a las 00:00 horas del día 1 de mayo y a la mañana siguiente apareció muerto un macho –que está prohibido cazar–, lo que para algunos confirma que la medida no es adecuada puesto que la caza sin control favorece el furtivismo. Sin embargo, hay otros que aplauden esta norma extraordinaria y, aseguran, hace tiempo que se debería haber adoptado una solución para evitar unos daños en los cultivos que consideran inasumibles.

Según la resolución, que estará vigente hasta el 31 de julio, aunque en el caso de la Reserva de la Sierra de Albarracín se ha establecido un plazo que concluye el 2 de junio, los cazadores tienen permiso para cazar día y noche y pueden hacerlo en grupos de dos. Pueden abatir ciervos hembras y crías del año y se establecen permisos por turnos de dos personas para un plazo de tres días consecutivos. No existe cupo por cuadrilla y día, pero el número máximo de ejemplares a abatir en cada una de las zonas reguladas es de un millar entre todas las especies, sexos y edades señaladas.

Está permitido cazar a cualquier hora del día y de la noche, y los cazadores pueden ir provistos de focos y visores térmicos. En total se han inscrito 124 personas de los trece municipios que componen la reserva y que son Orihuela del Tremedal, Bronchales, Noguera, Tramacastilla, Torres de Albarracín, Monterde, Albarracín, Royuela, Calomarde, Frías de Albarracín, Guadalaviar, Villar del Cobo y Griegos.

Hasta ahora en la época de veda eran los guardas de la reserva los que sacrificaban a las hembras para evitar la superpoblación. En ese momento la carne la aprovechaba una empresa cárnica ya que el Gobierno de Aragón la sacaba a subasta y los beneficios redundaban en los trece municipios de la Sierra de Albarracín que integran la reserva. En las últimas semanas desde el departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón impartieron cursos para el aprovechamiento de la carne con el fin de que fueran los cazadores los que la consumieran, dando así salida a los animales cazados. En el conjunto de los últimos cinco años los ingresos para los trece municipios por la venta de la carne ha sido de 150.000 euros.

El director general de Caza y Pesca del Gobierno de Aragón, Jorge Valero, justifica la resolución cinegética debido a la “sobrepoblación de ciervos” que asegura que existe y los daños agrícolas que conllevan. Además, argumenta una tercera cuestión, la “prevención sanitaria” de cara al mosquito que contagia la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), que se expande con más facilidad cuanto mayor es la cabaña.

El alcalde de Orihuela del Tremedal, Rafael Samper, destaca el malestar que existe entre una parte de los alcaldes de la serranía por una medida que, asegura, favorece el furtivismo. Señala que en lo que sí están de acuerdo es en que los daños deben pagarse y los agricultores tienen que cobrar por las pérdidas que les ocasionan los ciervos de la reserva. También hay consenso en que hay que hacer un descaste de animales, pero plantea que este tiene que ser controlado: “Lo que no puede ser es que todos puedan matar a cualquier hora”, lamenta.  En opinión del regidor de Orihuela, que es una de las zonas donde la Reserva de Caza tiene una mayor repercusión, la medida que entró en vigor el día 1 de mayo favorece el furtivismo porque “permite que la gente vaya por el territorio y pueda disparar sin control. Se ha abierto la mano para que la gente haga lo que quiera”, dice. Para Samper, la resolución cinegética pone en riesgo la propia Reserva y, con ella, los ingresos que perciben estos municipios derivados del turismo que llega.

Jorge Valero está totalmente de acuerdo en que los daños no pueden correr a costa de los agricultores, pero no se muestra partidario de una agricultura subvencionada y plantea la necesidad de que debe crear riqueza, para lo que, necesariamente, hay que disminuir los daños. Recalca que es “medida extraordinaria y excepcional” que busca reducir las pérdidas agrícolas que aumentan cada año de forma exponencial en consonancia con la cabaña.

Concreta que la resolución supone “confiar en la población local, que es la que hace el control”. Adelanta que se analizará si funciona hasta el 2 de junio y, “si se consiguen los objetivos no será necesario ampliar” más allá de esa fecha.

El alcalde de Noguera de Albarracín, Diego Puerto, cazador y agricultor, se posiciona a favor de una medida que busca reducir el número de ejemplares que, añade, se han convertido en una plaga. Detalla que en su localidad, que está en el centro de la reserva, “todo lo que se cultiva es para los ciervos”, dice, para añadir que no sólo se comen el cereal, sino que también saquean los huertos. “Todos están vallados de cualquier manera, parecen chabolas y eso repercute en la visión que se lleva el turista, pero es que si no la gente no coge nada, se comen hasta las macetas de las puertas de las casas”, argumenta. Él es agricultor, pero trabaja tierras en Monterde, que aunque también forma parte de la reserva, está en la periferia y no hay tantos ciervos.

Destaca que otro inconveniente son los accidentes que provocan en la carretera. El jueves él tuvo uno al atropellar a un corzo: “Es un problema grave que estamos sufriendo los que vivimos aquí”, dice, para alabar la resolución del Gobierno de Aragón que posibilita cazar animales y que, según describe, “es la única medida extraordinaria que se ha tomado en las últimas décadas”, precisa. Como cazador ya se ha estrenado con esta nueva norma y el pasado día 1 mató una cierva en Monterde, que es donde se ha apuntado a las cuadrillas de caza. Puerto indica que la superpoblación de ciervos también tiene afecciones sanitarias y se queja de los numerosos insectos que hay en la zona de Noguera, como garrapatas o las denominadas moscas del burro, que proliferan debido a la abundante cabaña de ciervos y se extienden a los ganados.

El alcalde de Bronchales, David Hernández, también aboga por bajar la población de cérvidos y concreta que “el problema se tendría que haber solucionado en años anteriores” porque ahora “ha habido que tomar medidas drásticas”. Para Hernández, el problema se podría haber abordado de “otra forma mejor”, aunque señala que la medida actual es extraordinaria y confía en que “sea efectiva”. En Bronchales, uno de los términos municipales con más influencia de la reserva, 14 cazadores se han inscrito para realizar las batidas.

Donde no ha cuajado la medida es en Tramacastilla, cuya alcaldesa, Virginia Garrido, indica que los cazadores están molestos con esta fórmula para reducir la cabaña. Así, preferirían que se llevaran a cabo más batidas durante la temporada de caza y no esta fórmula que permite “matar sin ningún tipo de control”. Garrido también incide en la necesidad de que se abonen los daños causados por los ciervos.

Cifras de 2023

El Gobierno de Aragón es el que gestiona la Reserva de Caza de los Montes Universales, que el año pasado supuso una inversión de  368.000 euros. La compensación para los agricultores es de 175 euros por hectárea y para ello el Gobierno de Aragón destinó 24.000 euros a los que se sumaron casi 72.000 procedentes de la Unión Europea. Además, el Gobierno de Aragón pagó otros 52.000 en concepto de indemnizaciones y los agricultores han reclamado por vía judicial una compensación por daños de 210.000 euros, aún pendientes de la resolución del juez.

Los agricultores de los Montes Universales piden que las ayudas por hectárea pasen de los 175 a los 250 euros, una cifra que consideran que se ajusta más a las pérdidas reales y que desde el Gobierno de Aragón argumentan que no se puede asumir.