• Condenadas a 4 años de prisión las seis personas detenidas por cultivar cannabis en VillarluengoLos acusados y ahora condenados el día que fueron conducidos a juicio en el Juzgado de lo Penal de Teruel

    Condenadas a 4 años de prisión las seis personas detenidas por cultivar cannabis en Villarluengo

    El Juzgado de lo Penal de Teruel ha condenado a 4 años de prisión por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal a cada uno de los seis acusados que fueron detenidos hace un año por tener una plantación de marihuana extensiva en el municipio de Villarluengo. Además, cada uno tendrá que pagar una multa de un millón y medio de euros y hacer frente al pago de una sexta parte de las costas del juicio.

    Las seis personas implicadas en una de las mayores plantaciones de marihuana desmanteladas en España han sido condenadas por un delito contra la salud pública y por otro de pertenencia a grupo criminal. Fueron detenidos hace un año por la Guardia Civil acusados de cultivar 1,2 hectáreas de marihuana en una finca de difícil accesibilidad, después de que el cuerpo armado desmantelara la plantación y el laboratorio que tenían en una de las masías que utilizaban.

    La sentencia condena por estos hechos a María Pilar I.F., Thierno S., Carles T.R., Tomás R.R., Pablo Luis Ll.B. y Ajay K. A cada uno ellos les impone una pena de 3 años y 6 meses de prisión y multa de un millón y medio de euros por el delito contra la salud pública, y la pena de 6 meses de prisión por el delito de pertenencia a grupo criminal. La Fiscalía había pedido un total de 39 años para los seis.

    La sentencia los considera a todos responsables criminalmente de un “delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud” recogido en los artículos 368, inciso segundo, y 369.5 del Código Penal.

    Además, se procede al comiso de los dos vehículos intervenidos, así como a los equipos y demás herramientas que se les intervinieron. Aunque en un principio fueron siete los detenidos, uno de ellos fue expulsado ya en su día a la India por encontrarse residiendo ilegalmente en España.

    De los seis que fueron juzgados, cinco se encontraban en prisión preventiva, mientras que el sexto estaba en libertad provisional al haber pagado una elevada fianza. No obstante, como llevaban ya casi un año en la cárcel, al término de la vista oral, celebrada el pasado 20 de septiembre, se acordó su puesta en libertad provisional a la espera de que saliera la sentencia.

    El fallo no es firme todavía puesto que los condenados tienen diez días de plazo para presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

    El dictamen de la jueza considera probado que los seis decidieron de común acuerdo, y con un reparto indistinto de funciones, “cultivar plantas de cannabis sativa” en unos terrenos propiedad del padre de la mujer condenada, “a la par que mantenían un laboratorio para el tratamiento y procesado de las plantas cultivadas ubicado en la edificación de la masía La Sisca”.

    Añade como hechos probados la sentencia que María Pilar I.F. y Thierno S. residían en la masía Castel, contigua a la Sisca y propiedad de la primera, donde habían regentado un alojamiento de turismo rural hasta marzo de 2014. En la masía Castel prestaban alojamiento y manutención al resto de integrantes del grupo criminal, que trabajaban los cultivos de droga en una zona escarpada de difícil acceso de la masía La Sisca “repartiéndose las funciones entre ellos de forma indistinta y asegurando una vigilancia constante del lugar”.

    Cuando se produjo la operación policial en la que se desmanteló la plantación, la Guardia Civil informó de que se habían incautado 6.200 plantas de marihuana que estaban siendo cultivadas al aire libre en varias parcelas, además de cerca de 2.000 que estaban en cogollos embolsadas para su distribución. El peso estimado de las plantas cultivadas superaba los 643 kilos, mientras que las intervenidas en la casa estaban por encima de los 50 kilos.

    La sentencia señala que el valor económico de toda la plantación de marihuana en el mercado ilícito podría haber ascendido a 864.500,98 euros, mientras que del resto de sustancias intervenidas su valor podría rondar los 205.167,39 euros.

    El objetivo de la plantación, según señala la sentencia, era su comercialización a gran escala, mientras que argumenta que la participación de los propietarios de la masía donde se alojaba el grupo criminal se basaba en dar “apoyo logístico” y siendo conscientes de todo.

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