• Demolida la vivienda ilegal de Castralvo que había sido denunciada por un vecinoVarios agentes de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía custodiando ayer la demolición de la vivienda

    Demolida la vivienda ilegal de Castralvo que había sido denunciada por un vecino

    La ejecución se lleva a cabo en medio de un amplio despliegue policial, sin público ni resistencia

    La vivienda ilegal de Castralvo que había sido denunciada por un vecino, una de las muchas que hay en el barrio,  ya está demolida en cumplimiento de un fallo judicial para que se acometiese una orden municipal de derribo que se remonta a finales de 2008 sin que hubiera sido ejecutada en todo este tiempo. La demolición tuvo lugar el viernes en medio de un amplio despliegue policial, sin ningún tipo de resistencia ni público que lo presenciara, ni siquiera los propietarios, que aseguraron haberse enterado de la ejecución del derribo por la prensa.

    El cumplimiento de la demolición de este inmueble en una ciudad que ha sido muy permisiva e indiferente con las construcciones ilegales desde hace décadas, pone de manifiesto que las excavadoras podrían entrar a partir de ahora en más de una de estas edificaciones para tirarlas abajo, siempre que haya una denuncia de por medio.

    El Ayuntamiento de Teruel no se pronunció sobre el derribo de la casa de Castralvo, y fuentes municipales indicaron que se limitaban a cumplir con un mandato judicial, ya que el derribo lo asumió de forma subsidiaria al no acometerlo directamente los propietarios, que ahora deberán abonar su coste al consistorio.

    No es la primera vez que se produce el derribo de un inmueble por ilegal, aunque sí de una vivienda de esta magnitud. Además, sería la primera casa derribada de forma forzosa en el municipio, al menos en los últimos años.

    Recientemente se han derribado otras dos, pero voluntariamente por sus propietarios en cumplimiento también de una orden de demolición. El caso más grave que está pendiente de ejecución es la orden de derribo de una treintena de casas en Pomecia, cuyo cumplimiento está a la espera de que se resuelvan unos recursos judiciales.

    En el caso de la que fue demolida el viernes los hechos se remontan a hace casi diez años, cuando en diciembre de 2008 la ya desaparecida Gerencia de Urbanismo ordenó la demolición de las obras, resolución que fue recurrida por los propietarios, Luis Aguilar y su hijo Rubén Aguilar.

    El recurso fue desestimado y en octubre de 2009 se dictó otro decreto por la Vicepresidencia de la Gerencia de Urbanismo, por el que procedía la ejecución subsidiaria de la orden de demolición, y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo autorizó la entrada al domicilio para hacer el proyecto de derribo.

    Se llegó a contratar a una empresa para la ejecución subsidiaria de la demolición, que no se llegó a hacer, por lo que un vecino interpuso un recurso por inactividad, procedimiento que culminó en marzo de 2016 con una sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel, por la que se condenaba al Ayuntamiento de la capital a cumplir, y por tanto ejecutar, los decretos de demolición de los años 2008 y 2009.

    Es eso lo que se ha cumplido ahora después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo dictara un auto en septiembre pasado acordando la ejecución forzosa de esa medida, requiriendo al consistorio a que se acometiera la demolición en el plazo de seis meses.

    El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo dictó otro auto a finales de febrero de este año por el que consideró innecesario cualquier nuevo trámite o autorización para ejecutar el derribo.

    Finalmente se fijó como fecha para la demolición el pasado 19 de abril, pero no se pudo hacer porque los propietarios y su familia se encerraron en la casa y dos de ellos se encaramaron al tejado para impedirlo, además de estar el acceso bloqueado por varios vehículos.

    El derribo se pospuso pero se abrió un nuevo procedimiento por desobediencia en el Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel, en el que se ha personado el Ayuntamiento.

    El último auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo es del pasado 19 de junio, declinando tener que esperar a las diligencias del juzgado de instrucción, y fijando el plazo inaplazable de un mes para que se ejecutara la sentencia y el Ayuntamiento acometiera de forma subsidiaria el derribo, que es lo que se hizo el viernes.

    Con fecha 27 de junio, el Ayuntamiento notificó a los propietarios a través de un escrito la orden de demolición inminente, dándoles una semana para que desalojaran la vivienda y todas las pertenencias, ya que después de ese plazo se podría acometer ya la demolición sin previo aviso, respondiendo los propietarios de cualquier daño personal que pudiera producirse.

    La ejecución se llevó a cabo por ese motivo el viernes sin previo aviso. Tanto es así que Rubén Aguilar, hijo del propietario de la vivienda, aseguró que se había enterado del inicio de la demolición al llamarle la prensa para recabar su testimonio. Él lleva días viviendo en el albergue que gestiona, mientras que sus padres se han ido a casa de familiares.

    El Ayuntamiento declinó el viernes hacer declaraciones y se limitó a señalar que el derribo de forma subsidiaria, puesto que los costes deberán pasárselos después al propietario, se produce en cumplimiento de una ejecución de sentencia a la que están obligados.

    Rubén Aguilar manifestó que estudiará con sus abogados las posibilidades legales que tiene ahora, puesto que hay otras muchas viviendas ilegales en la ciudad y han derribado solo la suya. Además, denunció un defecto de forma en la notificación de la ejecución de la demolición, que también piensa estudiar con su abogado.

    Aguilar recordó que la denuncia del vecino se produjo después de que se negara a venderle un trozo de terreno.

    Comparte esta noticia