• La auditoría del agua de Andorra pone en evidencia la mala calidad del servicioLópez (d), en el pleno de presupuestos

    La auditoría del agua de Andorra pone en evidencia la mala calidad del servicio

    La empresa adjudicataria del servicio de aguas del Ayuntamiento de Andorra “incumple aspectos clave del contrato como la mejora del rendimiento de la red y, por ende, del agua no registrada”, lo que hace que incurra en una mayor cantidad de gastos en electricidad, tratamiento y distribución que eleva el coste final del metro cúbico que paga el consumidor.
    Así concluye el resumen de la auditoría de la gestión que Aragonesa de Servicios Públicos (ASP) hace de las infraestructuras hidráulicas del municipio. El informe fue encargado por el Consistorio para ganar argumentos jurídicos de cara a la anulación del contrato, que tras una prórroga está vigente hasta 2021.
    El resumen se divide en tres apartados (gestión, jurídico y económico) y pone en entredicho la actuación de la empresa en cada faceta.
    En cuanto a la gestión de las infraestructuras hidráulicas, “es claramente deficiente”, sentencia la auditora, que ha encontrado “numerosos incumplimientos documentados del pliego de prescripciones técnicas que rigió la contratación del concesionario”.
    El apartado de inversiones en infraestructuras es insuficiente, lo que unido a “una notoria falta de mantenimiento y conservación de las mismas” da como resultado “unas instalaciones envejecidas”, con los consiguientes “problemas, tanto técnicos como económicos, para el municipio”.
    El informe constata que “el mantenimiento no es suficiente para alcanzar los compromisos adquiridos” y critica que “la maniobrabilidad de los elementos” de la planta potabilizadora es “nula” porque “el volumen de agua descalcificada se encuentra totalmente desconectado con respecto a la dureza de entrada del agua”, “no se utilizan debidamente los operadores (decantador, floculantes, descalcificador)” y “los elementos de medición parece que no están calibrados correctamente”.
    En cuanto al cumplimiento de la legislación sobre materia de calidad de las aguas de consumo humano, el municipio “presenta claras deficiencias”, asegura la auditoría, no solo a través de ésta “sino de las múltiples inspecciones que realiza Farmacéutica del Gobierno de Aragón a través de los años”.
    El estudio indica que los gastos de reposición son compartidos entre la empresa y el Ayuntamiento, lo que contraviene, asegura, los pliegos y los intereses económicos del Consistorio.
    Además, “no existe una comunicación eficaz y fluida” entre Ayuntamiento y empresa, “la calidad técnica de la documentación manejada es muy mejorable” y “la fiscalización municipal es insuficiente” al no existir “un seguimiento serio y ordenado de los compromisos de la concesionaria”, subraya la consultora.
    En cuanto al apartado jurídico, el contrato fue adjudicado el 31 de agosto a la UTE Daguas SL-Gestagua SA Servicio Integral de Aguas de Andorra (hoy el contratista es ASP). Establecía una duración inicial de 12 años, aunque se prorrogó en 2009 tras alegar la empresa desequilibrio económico. La auditoría pone en cuestión que se acordara esta prórroga antes de acabar el contrato, “siendo cuanto menos discutible si la adopción de esta medida atenta contra los principios de igualdad, publicidad y libre concurrencia que deben regir los procedimientos de contratación pública”.
    Además, “lo que ocasiona el desequilibrio que justifica la citada prórroga” son “las obras de reparación de la planta potabilizadora, que se entiende (por el hecho mismo de que el Ayuntamiento aceptara la prórroga) deben ser a cargo del Ayuntamiento, cuando es la concesionaria la que tiene cedido el uso de las instalaciones afectas al servicio y es, en consecuencia, responsable del mantenimiento y conservación de las mismas”.
    Además, “si se trata de una obra de mantenimiento y conservación de las instalaciones no debería incluir en el presupuesto conceptos como gastos generales y beneficio industrial, ya que no fueron obras objeto de licitación alguna”.
    La auditora responsabiliza a la concesionaria de basar sus estimaciones “en datos erróneos, lo que ha provocado que, a pesar de las medidas adoptadas (prórrogas), el equilibrio económico-financiero nunca haya llegado a restituirse”.
    “Nos encontramos ante un servicio que apenas dos años después de su inicio acumulaba un déficit de 258.019 euros, que cuatro años antes de finalizar el plazo de duración inicialmente previsto se prorroga ocho años con el objeto de restituir el equilibrio económico y que, a pesar de la citada prórroga y otros acuerdos relativos a las tarifas, en el año 2013 sigue acumulando un déficit de 481.137,48 euros”, expone. En cuanto al apartado económico, la auditoría culpa a la empresa de los desequilibrios por calcular mal el crecimiento de abonados y la estimación de los consumos.
    Además, “las ordenanzas fiscales que regulan el servicio han evolucionado al alza desde el año 2001, con nueve modificaciones”, varias de las cuales “se deben a la subida de tasas como restablecimiento económico del servicio”, hasta el punto que “la tasa de agua de este servicio es la más cara entre los municipios cercanos”.
    No obstante, “por mucho que suben las tasas, la empresa nunca llega a obtener una rentabilidad, por lo que es difícil de comprender cómo una empresa privada puede estar tan amplio periodo de tiempo teniendo estas pérdidas”.
    López dimitirá si la alcaldesa sigue al frente
    El concejal delegado del Ciclo del Agua, Ramón López (PSOE), dimitirá si la alcaldesa, Sofía Ciércoles (IU), se mantiene en el cargo el próximo 5 de junio, cuando acaba el periodo para presentar una moción de censura tras no haber contado con la confianza de la corporación municipal ligada a los presupuestos.
    “Entiendo que no estamos defendiendo los intereses del Ayuntamiento y de los andorranos” cuando “desde alcaldía se insiste en no denunciar a la empresa y que esperemos a que finalice el contrato”, explicó López, quien responsabilizó a la alcaldesa de los incumplimientos del contrato por su “apoyo” y “complicidad” con la empresa.
    “La situación es muy grave, es una modalidad de robar porque el dinero que tiene que estar en las arcas públicas o en el bolsillo de los ciudadanos no lo está”, dijo en referencia al más de un millón de euros que la auditoría estima que ha pagado de más el Ayuntamiento.
    Por tanto, “si no sigue Sofía, se cambia el abogado y se me deja trabajar como solicité, iré a por todas”, pero “si continúa como alcaldesa, dimitiré porque no voy a hacerle el juego a la empresa y perder el tiempo”, dijo López.
    El 30 de mayo, a las 19 horas, habrá una sesión informativa pública para dar cuenta de la auditoría. López explicará que “el 80% de la documentación solicitada no ha sido facilitada por la empresa”, por lo que “el problema es mucho mayor” que “los graves resultados que arroja la auditoría”.

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