• La Fiscalía pide archivar el caso Pomecia para todos los investigados excepto FuertesVista general del barrio de Pomecia donde se investigan presuntas irregularidades urbanísticas

    La Fiscalía pide archivar el caso Pomecia para todos los investigados excepto Fuertes

    El ministerio público cree que el exconcejal de Urbanismo pudo incurrir en prevaricación omisiva

    La Fiscalía ha solicitado al juez que instruye el caso Pomecia el sobreseimiento para todos los investigados en esta causa con la excepción del exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel, Jesús Fuertes, por entender que existen indicios de que pudo haber cometido un posible delito de prevaricación omisiva al permitir que prescribieran varios experientes administrativos por presuntas irregularidades urbanísticas.

    El informe del ministerio público fue remitido esta semana al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel, solicitando que se dé por concluida la instrucción tras las declaraciones que se tomaron a principios de este mes tanto a los investigados como a testigos, y que se abra ya la fase de acusación.

    De atender el juez a la petición del fiscal, eso supondría el sobreseeimiento de la causa en los casos de los exalcaldes de Teruel Manuel Blasco (PP), Miguel Ferrer (PAR) y Lucía Gómez (PSOE), así como del exgerente de Urbanismo y de un técnico municipal. En cambio, se mantendría la causa contra el exconcejal de Urbanismo, Jesús Fuertes (PP).

    El caso Pomecia investiga presuntas irregularidades urbanísticas en el barrio que lleva este nombre, de población gitana, tras la denuncia que la propietaria de varios terrenos Isabel Gorbe presentó en la Fiscalía a principios del año pasado.

    Con el informe del fiscal y del resto de partes personadas, tanto la querellante como los letrados de las defensas de los investigados, el juez deberá tomar una decisión. Ante él tiene múltiples opciones, incluida la inhibición al Supremo, al haber varios investigados que fueron denunciados por la afectada, que lleva años denunciando irregularidades urbanísticas en Pomecia por la vía administrativa, y que ahora ha decidido acudir a la vía penal.

    Tras las declaraciones que se tomaron a principios de mes a todos los investigados, la letrada de la denunciante ya anunció que por su parte pensaba mantener la acusación puesto que entiende que hay indicios de varios presuntos delitos, por lo que debería seguirse la causa adelante contra los seis investigados. Este periódico intentó el viernes contactar telefónicamente con ella sin que respondiera.

    El resto de los abogados, que representan a los investigados, ya manifestaron también en su momento que pedirán el sobreseimiento de sus respectivos representados por entender que no se ha cometido delito alguno.

    Aunque inicialmente el fiscal había solicitado el año pasado que se incoaran diligencias previas contra los seis investigados,  ahora, tras las diligencias practicadas, considera que solo uno de ellos podría haber incurrido en un posible delito por omisión. El ministerio público incluso pidió la inhibición del caso a favor del Tribunal Supremo por encontrarse un aforado entre los investigados, Manuel Blasco, actualmente diputado del PP en el Congreso.

    Indicios

    Fuentes de la Fiscalía indicaron  que tras analizar todo el conjunto de hechos, desde el ministerio público se entiende que donde podrían caber posibles indicios de un delito de prevaricación omisiva sería en la actuación del exconcejal de Urbanismo, Jesús Fuertes.

    Es para él para el único que pide que se mantenga abierta la causa, ya que para los otros cinco investigados ha pedido el sobreseimiento provisional.

    Considera el fiscal que el posible delito de prevaricación omisiva pudo cometerse por el silencio administrativo, al no haberse tomado ningún tipo de decisión con los expedientes sancionadores que había abiertos. Y quien debería haber actuado y no lo hizo, según la Fiscalía, era el exconcejal de Urbanismo.

    Las mismas fuentes indicaron que deberá determinarse si el exconcejal obró de forma deliberada o no para perjudicar significativamente los derechos de otras personas.

    Desde el ministerio público explicaron que era el concejal de Urbanismo el que tenía que resolver varios expedientes sancionadores posteriores al 2011, y restaurar la legalidad en el ámbito urbanístico.

    Esos expedientes por la denuncia relativa a la construcción de 24 viviendas ilegales en el barrio, según el fiscal, nunca se resolvieron puesto que el concejal no hizo nada para solucionar los mismos.

    El ministerio público ha pedido también al juez que se dé ya por concluida la instrucción de la causa y se pase a la fase de acusación.

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