• Paralizado el derribo de una casa ilegal porque sus dueños no la abandonan

    Paralizado el derribo de una casa ilegal porque sus dueños no la abandonanMomento en el que la Policía Local lee la notificación para que abandonen la vivienda

    La vivienda ilegal de Castralvo cuyo demolición estaba prevista para este miércoles a las once de la mañana continúa en pie después de que sus propietarios se encerraran en el inmueble o se encaramaran al tejado y se negaran a bajar cuando la Policía Local así se lo pidió para proceder a su desalojo. Tras esta negativa el Ayuntamiento procedió a presentar una denuncia ante el Juzgado por desobediencia a la autoridad.

    Los propietarios, Luis y Rubén Aguilar, familiares y amigos se encerraron en la casa momento antes de la llegada de la Policía Local. Previamente aparcaron media docena de coches ante el acceso a la parcela para evitar el paso. Cuando el intendente de la Policía Local leyó la notificación y les pidió que salieran del edificio, se negaron a hacerlo, por lo que  los agentes abandonaron el lugar para poner el caso en manos del juzgado.

    Rubén Aguilar mostró su satisfacción porque de momento no se haya llegado a producir el derribo, que el Ayuntamiento tiene que ejecutar de manera subsidiaria para hacer cumplir una sentencia judicial tras la denuncia interpuesta por un vecino de la parcela continua.

    “Estoy contento por haber salvado la casa hoy pero ahora veremos a ver lo que pasa”, comentó Aguilar tras la marcha de los agentes y aseguró que estaba dispuesto a mantenerse en el tejado hasta que lo bajasen a la fuerza.

    Aguilar es consciente no obstante de que la batalla no está ganada y apuntó que ahora verá con sus abogados si se puede hacer algo para paralizar la orden de ejecución.

    También agradeció la respuesta de familiares y amigos que se encerraron con ellos en la vivienda. “Sin ellos no hubiéramos podido hacer nada”, dijo.

    Aguilar recordó que en la parcela hubo también otra casa que se prendió fuego hace seis años y todavía se desconocen las causas y apuntó que la Policía que fue hasta su parcela pudo ver también que su vivienda no es la única que está en situación irregular.  “La pregunta que yo les hago es por qué contra ellos no actúan si saben que es un delito”, dijo.

    Sabe también que la respuesta es que en este caso están cumpliendo una orden judicial pero les pidió que busquen soluciones urgentes para todas las viviendas que están ilegales, tengan o no una sentencia judicial.

    “No quiero que los demás pasen por lo que estoy pasando yo y se tengan que subir a un tejado como he tenido que ayer”, afirmó. Aseguró que va a pedir responsabilidades al Ayuntamiento porque solo denuncia cuando hay una sentencia de por medio y reiteró su intención de presentar una demanda colectiva contra otras edificaciones ilegales.

    En la casa que tendría que haber sido derribada vivían cuatro personas, que desde este fin de semana se fueron a vivir a otro sitio. El lunes se procedió al corte de la luz y el agua tal y como se estipulaba en la notificación que el Ayuntamiento envió  a los propietarios el pasado 28 de marzo.

    La alcaldesa, Emma Buj, por su parte se refirió al a orden de demolición y pidió por favor a aquellos que estén pensando en hacerse una vivienda ilegal que no la empiecen, porque “tarde o temprano el Ayuntamiento va a llegar a pararlo”. Recordó que se trata de paralizar cuando está en proceso de construcción para que sea menos doloroso, pero en cualquier caso, recordó, “es responsabilidad de quien está haciendo una edificación ilegal”.

    Precisamente ayer la Junta de Gobierno municipal aprobó una orden de demolición de una edificación en construcción por incumplir con la legalidad.

    La alcaldesa apuntó que cada edificación ilegal tiene una circunstancia diferente y en el caso de la vivienda que ayer se tenía que haber ejecutado había una sentencia que el propietario tenía que haber cumplido. Como no lo hizo, el Juzgado se dirigió al Ayuntamiento para que actuara de forma subsidiaria. “No está en manos del Ayuntamiento hacer algo distinto”, aseguró.

    En el caso de Pomecia, apuntó que hay varios casos con sentencias pero están recurridas en los tribunales y la ejecución no se podrá llevar a cabo hasta que no haya sentencias firme.  “En el futuro veremos como se pueda solucionar el problema de las viviendas ilegales”, concluyó.

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