• Economía propone una ‘operación acordeón’ para sanear Platea Gestión SA

    Imagen de las obras de urbanización que está llevando a cabo Platea Gestión, que busca liquidez para pagarlas

    El Gobierno de Aragón, como socio mayoritario, ha propuesto realizar una operación acordeón en Platea Gestión SA para sanear las cuentas de la empresa mixta y que pueda seguir en funcionamiento.

    El Gobierno de Aragón, como socio mayoritario, ha propuesto realizar una operación acordeón en Platea Gestión SA para sanear las cuentas de la empresa mixta y que pueda seguir en funcionamiento. Esta fórmula consiste en una reducción del capital social, que actualmente es de 14,5 millones de euros y quedaría a 0 dejando las acciones sin valor nominal, y una simultánea ampliación de capital de 2 millones para captar nuevos recursos que le permitan hacer frente a sus pagos pendientes, fundamentalmente certificaciones de las últimas obras de urbanización que se están llevando a cabo.Este planteamiento fue trasladado a los socios el pasado 21 de abril, en una reunión del consejo de administración de la sociedad gestora de la Plataforma Logístico Industrial de Teruel celebrada en Zaragoza.

    La sociedad, constituida por Suelo y Vivienda de Aragón SLU (SVA), Sepides Desarrollo Empresarial SA -adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas-, Ibercaja Banco, el Ayuntamiento de Teruel, la Diputación Provincial (DPT) y Caja Rural de Teruel, acumula pérdidas por encima de la mitad de su capital social. En esta situación, la ley haría obligatoria su disolución a no ser que los socios solventaran el desfase, bien con una ampliación de capital o con una reducción y ampliación simultáneas, la denominada operación acordeón.

    Esta es la opción que propuso el Ejecutivo autonómico al resto de los socios, que deberán dar una respuesta en la próxima reunión del consejo de administración, que se celebrará este mes. La decisión definitiva se tomará en la Junta General de Accionistas prevista para la última semana de mayo.

    Reparto

    En función de su participación, a SVA?le correspondería aportar 975.200 euros; a Sepides 344.800;?a Ibercaja Banco 240.000;?al Ayuntamiento de Teruel 200.000;?y a la Diputación Provincial 120.000, la misma cantidad que a Caja Rural.

    Pero algunos de los actuales partícipes podrían descolgarse de la ampliación de capital, lo que implicaría su salida de la sociedad y la asunción de su parte por el Gobierno autonómico. Casi con toda seguridad será así en el caso de Sepides, que no suscribió la ampliación de capital de 4,5 millones que se realizó en 2013 para poder pagar los trabajos de urbanización a la UTE Acciona-Brues y las amortizaciones más inmediatas de deuda financiera. Entonces SVA asumió el desembolso de la cantidad que correspondía a esta empresa estatal, que de este modo vio reducido su porcentaje de participación mientras que la sociedad del Ejecutivo autonómico lo incrementó.

    En cuanto a las entidades financieras que forman parte de la sociedad, tendrán que tomar una decisión al respecto en sus órganos de dirección.

    Los respectivos equipos de gobierno del Ayuntamiento de Teruel y la Diputación Provincial ya han avanzado, por su parte, su disposición a participar en la ampliación de capital, aunque tendrán que estudiar cómo se materializa.

    En el caso del consistorio, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj (PP), ya avanzó en la reunión del consejo de administración la posibilidad de realizar la aportación no en efectivo, sino con parcelas en la Plataforma Logística, como ya hizo en la anterior ampliación de capital.

    “El Ayuntamiento tiene que seguir formando parte de Platea Gestión, pero no disponemos de una partida en el presupuesto municipal para hacer frente al desembolso que nos corresponde en la ampliación de capital. Por eso planteamos realizarla mediante una aportación de suelo”, comentó la responsable municipal.

    Buj ya ha encargado informes a Secretaría General y a Intervención sobre las consecuencias de reducir a 0 el valor del capital social que corresponde al consistorio y las opciones de participación en la ampliación, que trasladará al resto de los grupos municipales para tomar una decisión con el mayor consenso posible.

    El Ayuntamiento es propietario de nueve parcelas en Platea, valoradas en 3,6 millones de euros en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos actualizado el pasado 31 de diciembre.

    Por su parte, Joaquín Juste (PP), vicepresidente primero de la DPT y representante de la institución en Platea, señaló que el equipo de gobierno PAR-PP considera que la Diputación debe seguir participando en Platea Gestión porque “tiene que estar presente en todos los proyectos orientados al desarrollo económico de la provincia”. Sin embargo, señaló que en el presupuesto no hay una partida específica y que, a diferencia del Ayuntamiento, la DPT carece de suelo en la plataforma con el que poder cubrir su participación en la ampliación de capital.

    Juste avanzó que el próximo martes el presidente de la institución, Ramón Millán (PAR) y él mismo se reunirán con el interventor para estudiar posibles fórmulas para hacer frente a este desembolso. “En el presupuesto hay una partida de 300.000 euros para el Fondo de Contingencia, pero no nos gustaría mermarlo porque son unos recursos que conviene tener disponibles a lo largo del año para circunstancias extraordinarias que puedan surgir”, apuntó.

    Pérdidas y deuda

    En sus cuentas anuales del año 2014, las últimas que se han publicado, se refleja que Platea Gestión SA arrastraba unas pérdidas de 8,5 millones de euros de ejercicios anteriores, superando la mitad de su capital social.

    Además, acumulada deudas con entidades financieras por cerca de 10 millones de euros, que han sido refinanciadas mediante una operación realizada por la Corporación Empresarial Pública de Aragón (Cepa) para ampliar los plazos de amortización y reducir los tipos de interés que tenían los anteriores préstamos con los bancos.

    Pero la cifra de endeudamiento de la sociedad gestora de la Plataforma Logístico Industrial sigue siendo la misma, con la diferencia que ahora los acreedores no son las entidades financieras, sino la Cepa.

    Autor:EVA RON / Teruel

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