El caso del Jamón entra en su tercer año sin haber concluido todavía las diligencias
El caso del Jamón, por las presuntas irregularidades de gestión en el seno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) entre los años 2009 y 2013, entra en su tercer año sin que el juez instructor, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, haya concluido todavía las diligencias. Por el contrario, el caso se enmarañó más todavía el año pasado a raíz de las conclusiones a las que llegó un informe pericial sobre subvenciones, que involucró también en las investigaciones a la Diputación de Teruel y al Instituto Aragonés de Fomento (IAF). La marcha del procedimiento está pendiente ahora de lo que resuelva la Audiencia Provincial tras los recursos presentados ante los últimos autos del juez.
Todavía siguen pendientes de esclarecimiento las presuntas irregularidades denunciadas por el expresidente del Consejo Regulador, Eugenio García, cuando en febrero de 2014 presentó una denuncia en la Comisaría de Teruel. Si las investigaciones durante el primer año se centraron en los miembros del consejo a raíz de un informe económico forense encargado por el juez, y que supuso la imputación (hoy investigación) de todos sus vocales, el gerente y otras personas, en la actualidad las diligencias están orientadas a discernir si pudo existir delito en la concesión de ayudas por parte de las instituciones públicas.
A tenor de los últimos autos dictados por el juez, tanto la Diputación de Teruel como el Instituto Aragonés de Fomento podrían haber incurrido en alguna irregularidad, aunque la Fiscalía discrepa sobre ello tras las declaraciones prestadas el año pasado por varios políticos y funcionarios, así como por técnicos de la Cámara de Cuentas de Aragón.
El caso del Jamón empezó a enmarañarse en el último trimestre del año pasado cuando el juzgado recibió el informe pericial sobre subvenciones encargado a principios del ejercicio. En el mismo se constata que hay subvenciones que no fueron correctamente justificadas, lo que llevó al magistrado a citar a políticos de la DPT durante el periodo investigado, además de tener previsto llamar a los responsables del IAF también como investigados (antigua imputación).
La situación se complicó más todavía cuando después de llamar a declarar como investigados al expresidente de la DPT, Antonio Arrufat (PSOE), y al diputado del PAR Francisco Abril, comenzó a citar al resto de representantes institucionales que formaban entonces parte del pleno de la corporación provincial, a pesar de que la Fiscalía consideró que no era oportuno seguir las investigaciones por esa línea al no haber apreciado ilícito penal alguno.
Petición de archivo de Fiscalía
Un informe del ministerio público llegó a pedir el archivo provisional de la causa en el caso de la Diputación de Teruel, no así en el del Consejo Regulador y tampoco en lo relativo al IAF, cuyos máximos responsables durante el periodo investigado están pendientes todavía de ser citados.
La situación creada con la imputación de Antonio Arrufat llevó a que este presentara su renuncia como delegado territorial del Gobierno de Aragón, algo que había pedido Podemos en virtud del acuerdo de investidura con el PSOE para la investidura de Javier Lambán como presidente de la Comunidad Autónoma. No ha sido la única repercusión colateral que ha tenido hasta ahora este caso debido a la situación creada, puesto que el juez pretende investigar a todo el arco político de la corporación provincial, del que formaban parte políticos del PP, PSOE, PAR, IU, CHA y Compromiso con Aragón.
Al no existir acusación alguna después de que la Fiscalía pidiera el archivo en lo referente a la DPT, el juez estaba obligado a proceder al sobreseimiento provisional, pero la personación a última hora del expresidente del CRDO, Eugenio García, cambió la situación por completo y el magistrado dictó un auto por el que mantenía las acusaciones.
La reaparición de García en el caso causó sorpresa por haber pasado esta persona por todas las situaciones procesales que puede haber en un procedimiento judicial: denunciante, testigo, imputado, desimputado y por último acusación particular.
Su personación y el auto del juez por el que acordaba mantener abiertas las diligencias con la DPT provocaron un aluvión de recursos de apelación, presentados directamente ante la Audiencia Provincial. Ante esta situación, el magistrado dejó en suspenso las investigaciones tanto en lo referente a la Diputación de Teruel como del Instituto Aragonés de Fomento, a la espera de lo que resuelva el tribunal que está por encima del juzgado de instrucción.
Recursos pendientes
La Audiencia Provincial tiene que resolver ahora varios recursos presentados tanto por la Fiscalía como por las defensas, contra el auto por el que se acordó continuar con las investigaciones en contra de lo solicitado por el ministerio público, y contra la personación de Eugenio García.
En el caso del fiscal, solo ha recurrido el auto por el que el juez mantiene abiertas las investigaciones contra la DPT. El informe y el recurso del ministerio público pidiendo el archivo son contundentes. Argumenta que no hubo arbitrariedad en contra de lo esgrimido en sus autos por el juez.
El caso se enmarañó por completo cuando el juez comenzó a argumentar en sus autos que la DPT no tenía competencias para dar subvenciones al CRDO del Jamón, además de haberlo hecho sin contar con un plan estratégico de subvenciones ni una ordenanza.
El fiscal ha argumentado en todo este tiempo que no aprecia prevaricación alguna en el proceder de la DPT, ni que se haya producido malversación de fondos, si bien la acusación particular, en representación de Eugenio García, entiende todo lo contrario después de haber sido admitida su personación. Con anterioridad también había solicitado su personación el CRDO, pero el juez lo desestimó.
Tras los recursos presentados, será la Audiencia Provincial la que marque el procedimiento a seguir a partir de ahora, aunque en principio la Fiscalía solo ha pedido el sobreseimiento provisional exclusivamente en lo relativo a las subvenciones de la Diputación de Teruel, no así en lo referente a las ayudas concedidas por el IAF y a las presuntas irregularidades en la gestión del CRDO que se investiga desde hace ya dos largos años.
El informe pericial de subvenciones
Tras meses de silencio, el caso del Jamón dio un nuevo giro en el mes de octubre cuando tras conocerse el contenido del informe sobre subvenciones, el juez citó a declarar a varios funcionarios de la DPT, imputando (ahora investigados tras la reforma de la Ley de Procedimiento Criminal) tanto al jefe de los Servicios Agropecuarios de la institución provincial, como al expresidente de la DPT y a uno de los exdiputados del periodo investigado, aunque la intención era llamar a todo el pleno. El informe constata, según un estudio realizado por un perito a petición del juez, que 643.029 euros de subvenciones recibidos por el CRDO entre 2009 y 2015, en su mayoría del IAF, no están bien justificados por gastos improcedentes, falta de control o de documentación. Las de DPT son tres subvenciones por un total de 68.000 euros.
Autor:Redacción Teruel